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CIDH: Crisis humanitaria causa migración de venezolanos a otros países

En un informe se explica la grave situación de algunas personas que se ven obligadas a emigrar de forma irregular como una estrategia de supervivencia

CIDH

En el Informe sobre pobreza y derechos humanos, publicado el martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muestra preocupación por la situación de Venezuela, que da origen a la migración a otras naciones de América Latina: “La crisis humanitaria que viene enfrentando Venezuela como consecuencia de la escasez de alimentos y medicamentos también ha conllevado que muchos venezolanos hayan tenido que migrar a otros países de la región”.

En el documento se explica la gravedad que reviste la situación de pobreza de muchas de estas personas, que en algunos casos se han visto forzadas a migrar de forma irregular como una estrategia de supervivencia que les permita preservar su vida e integridad en condiciones más dignas.

El documento expone el estancamiento en la reducción de la pobreza en América Latina.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las cifras de pobreza e indigencia indican que el número de personas que viven en esa situación creció en 2014 hasta alcanzar 168 millones, de las cuales 70 millones están en la indigencia. Para el año 2015, la Cepal observó un aumento tanto de las tasas de pobreza como de indigencia, y determinó que 175 millones de personas se encuentran en situación de pobreza por ingresos, y 75 millones en indigencia.

La CIDH, aunque expone un avance tanto en el reconocimiento constitucional de los derechos sociales como en la adopción de un enfoque de derechos en la protección social en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, se inquieta también por el aumento de la violencia contra personas en situación de pobreza.

La persistente condición de pobreza extrema en los países miembros de la Organización de los Estados Americanos se traduce, de acuerdo con el informe, en graves obstáculos para el goce efectivo de los derechos humanos.

En relación con los términos de desigualdad, la situación que se presenta en América Latina y el Caribe revela que la región sigue siendo la más desigual del mundo. De acuerdo con el PNUD, diez de los quince países más desiguales del planeta se encuentran en Latinoamérica.

Las mujeres en pobreza están vinculadas a circunstancias de violencia de género. La CIDH sostiene que entre las principales formas de violencia que todavía sufren figuran la doméstica y la sexual, esta perpetrada por conocidos y no conocidos; y formas de acoso laboral y sexual en el trabajo.

También se determinó que en América Latina y el Caribe más de 80 millones de niños, niñas y adolescentes viven en pobreza o pobreza extrema, lo que representa más de 45% de la población por debajo de 18 años de edad.

De acuerdo con las cifras de la Cepal y la Unicef, 1 de cada 5 niños vive en condiciones de pobreza extrema, lo que equivale a más de 32 millones en la región.

Con respecto a la situación en el Caribe, de la información disponible se desprende que los Estados con los más altos porcentajes de población viviendo bajo la línea de pobreza serían: Haití (77%), Belice (41,3%), Granada (37,7%), Guyana (36,1%) y Santa Lucía (28,8%).


Recomendaciones ante el retroceso

Ante la alarmante tendencia de retroceso en los avances mundiales contra la pobreza –que ubica el crecimiento en 4,1% durante 2015–, la CIDH recomienda a los órganos ejecutivos analizar y cambiar todas las leyes, normas, prácticas y políticas públicas que establezcan diferencias de trato basadas en condiciones sociales o que puedan tener un impacto discriminatorio en los términos definidos en el informe.

Pide a los países diseñar una política integral y coordinada, respaldada con recursos públicos adecuados, para garantizar que las personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema tengan acceso pleno a una adecuada protección judicial.

Les exige también rendición de cuentas, enfoque en los derechos humanos, protección de la vida digna, participación democrática y promoción del acceso al uso de medios y tecnologías digitales.