Nicaragua vive una tensa normalidad, afirma el cardenal Leopoldo Brenes al referirse a las persecuciones y amenazas del gobierno en medio de la crisis que ha ocasionado entre 317 y 448 muertos desde abril, en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
“La persecución a personalidades y a disidentes de la acción del Estado yo lo veo como algo negativo, hay que bajar esas actitudes para que verdaderamente el país pueda llegar a una verdadera normalidad, porque ahorita tenemos una tensa normalidad”, reiteró Brenes.
Las palabras del cardenal contradicen el discurso del gobierno de Ortega, que insiste en que Nicaragua “volvió a la normalidad” después de tres meses de estallido social, que el presidente asevera se trató de un golpe de Estado.
“Es triste que cuando se habla de que el país va tomando normalidad, se den estos casos (amenazas o secuestros), porque eso no significa que haya normalidad”, insistió el cardenal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA consideró las acciones una “tercera fase” de la represión, que consiste en la criminalización de los manifestantes, y las ha calificado de más rudas, más explícitas y burocráticas.
Las relaciones entre la Iglesia Católica y Ortega están fracturadas desde mayo pasado, cuando los obispos, como mediadores en el diálogo nacional para superar la crisis, pidieron al mandatario adelantar para marzo de 2019 las elecciones de 2021, lo que el presidente descartó.
A raíz de la petición de los obispos, el clero y varios templos católicos recibieron amenazas, agresiones físicas y verbales de grupos oficialistas, conocidos como turbas. “Me dolió que los señores obispos tuvieran esa actitud golpista”, dijo Ortega el 19 de julio en la celebración del 39 aniversario de la revolución sandinista.
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos responsabilizan al gobierno de los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, actos de tortura y detenciones arbitrarias, lo que Ortega niega.
Amenazas. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos– que ha participado en el rescate de manifestantes heridos, detenidos u hostigados en las protestas–, anunció que cerrará sus oficinas por las amenazas y asedio de grupos armados ilegales.
La medida preventiva es para garantizar la integridad y seguridad de los defensores, pero informaron que seguirán atendiendo las denuncias de víctimas a través de Internet. “Nuestra asociación se ha visto amenazada tras haber recibido información alarmante sobre la activación de prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización sin fundamento legal que lo motive en contra de sus activistas”, alertó la organización en un comunicado.
La agrupación, que dirige Álvaro Leiva y tiene su sede central en Managua, dijo que también ha sufrido el asedio permanente de paramilitares y amenazas telefónicas.