A la  renuncia   del ministro de Turismo el lunes pasado en Brasil, ayer se le sumó el anuncio oficial de la dimisión del titular de la cartera de Deportes, George Hilton, cuatro meses antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y del jefe de la Fuerza Nacional de Seguridad, coronel Adilson Moreira, quien difundió una carta con duras críticas al gobierno de la presidente Dilma Rousseff. Hilton estaba en el punto de mira desde que su partido (PRB, de centro) abandonara, a mediados de marzo, la coalición oficialista para unirse a la oposición. Fue sustituido por Ricardo Leyser, hombre fuerte del gobierno. Moreira, por su parte, era uno de los responsables de la organización del operativo de seguridad para los Juegos Olímpicos. «Mi familia lo exige, pues no se necesita ser muy inteligente para saber que somos dirigidos por un grupo sin escrúpulos, incluyendo a la presidente de la República», indicó el coronel en su carta. Al escándalo de corrupción en Brasil se le añade que la Procuraduría General presentó una denuncia formal por corrupción contra siete parlamentarios y ex congresistas del oficialista Partido Progresista. Además, la Fiscalía Federal de Brasilia presentó una denuncia formal contra Joseph Safra, considerado el banquero más rico del mundo, y otras cinco personas por supuestos delitos de corrupción. El banquero es sospechoso de pagar sobornos de 15,3 millones de reales (alrededor de 4,25 millones de dólares) a funcionarios del fisco a cambio de que estos amañaran procesos administrativos para condonarle deudas tributarias por 1.493 millones de reales (unos 415 millones de dólares). Entretanto, el líder de la oposición, Aécio Neves, propuso la celebración de un referéndum a partir de 2018 para que los brasileños se pronuncien acerca de un cambio de régimen en el país, del presidencial al parlamentario. Por el oficialismo, Lula y Rousseff encabezaron ayer una marcha en la capital brasileña en contra «del golpe» que, según la izquierda, la oposición fomenta a través del juicio político que se está haciendo contra la mandataria en el Congreso por presunto maquillaje de las cuentas públicas. El presidente de la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo, Paulo Skaf, defendió que el posible juicio contra la mandataria sea realizado lo «más rápido posible». El máximo representante de la Fiesp destacó que Rousseff «perdió el control» del país y es «incapaz de gobernar».


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