La Unión de Presos Políticos Nicaragüense anunció que realizarán protestas callejeras contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, si a más tardar este martes a la medianoche Ortega no cumple con su compromiso de liberar a todos los manifestantes presos.
“Recordamos al gobierno que el plazo para la liberación de todos los presos políticos (…) se vence el día de hoy (este martes) a las 12:00 de la noche. De no cumplirse el acuerdo, nos veremos en la obligación de movilizarnos a las calles”, informó la UPPN en un comunicado.
Para este 18 de junio estaba previsto que el Estado liberara a un mínimo de 86 presos políticos que todavía se encuentran en las cárceles de Nicaragua, según su contraparte en las negociaciones nacionales, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pero el Ejecutivo anunció este martes que no quedaban manifestantes en los calabozos.
La UPPN, integrada por ex presos políticos, advirtió que de no ser liberados los manifestantes realizarán un plantón cerca de la cárcel La Modelo, junto con las madres de los afectados para reclamar su libertad.
La Policía de Nicaragua prohibió las protestas en medio de críticas porque la medida contradice la Constitución, de acuerdo con los expertos en leyes.
El gobierno afirma que los últimos presos políticos fueron liberados la semana pasada, bajo una ley de amnistía, en un grupo de 106 personas que incluyo a 3 periodistas.
De acuerdo con el Ejecutivo, las personas liberadas se corresponden con las listas consensuadas con la Alianza, que se le entregaron al Comité Internacional de la Cruz Roja ante los testigos Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio apostólico en Nicaragua, y Luis Ángel Rosadilla, representante del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.
Desde el estallido social contra Ortega en abril de 2018, aproximadamente 326 personas han muerto durante la crisis sociopolítica de Nicaragua, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organizaciones humanitarias locales cuentan hasta 594 víctimas. El gobierno reconoce 200 personas.
La CIDH considera que el régimen de Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad durante la crisis.