El gobierno de Donald Trump va a activar una norma que permite demandar en Estados Unidos a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución, terminando con una exención que se mantenía hace dos décadas, indicó este martes un funcionario estadounidense. El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton anunciará la medida este miércoles en un acto en Miami en el que se reunirá con veteranos de la fallida operación de Bahía Cochinos.
«Bolton va a anunciar la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton mañana en un discurso en Miami», dijo el martes un alto funcionario estadounidense. El 12 de abril Bolton había anunciado que participaría en un acto con los veteranos con el fin de anunciar «importantes pasos tomados por el gobierno para afrontar las amenazas para la seguridad relacionadas con Cuba, Venezuela y la crisis democrática en Nicaragua».
Esta norma, cuyo nombre completo es Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, pero que se conoce por los apellidos de sus principales promotores, fue promulgada por Bill Clinton en 1996.
Fue propuesta por el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton a partir de un incidente en el que dos aviones de guerra cubanos derribaron dos aeronaves norteamericanas desarmadas pilotadas por disidentes cubanos.
Este título Tercero de la ley estuvo congelado por 21 años y establece que cualquier compañía no estadounidense que tenga tratos con Cuba puede ser objeto de represalias legales y que a los dirigentes de esa empresa se les prohibirá la entrada a Estados Unidos. Esta medida se hace extensiva a cualquier embarcación o avión que toque tierras cubanas. En conclusión, muchas empresas deberán ahora tomar la decisión sobre con quién desean comerciar, si Cuba o Estados Unidos, porque no podrán hacerlo con los dos países.
Problemas con países aliados
La sección de la ley que data de 1996 permite iniciar acciones ante la justicia estadounidense contra las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados después de la revolución de 1959. Cuando la ley fue adoptada, el departamento de Estado estimó que existían unas 200.000 demandas potenciales. La activación de la norma genera incertidumbre por las consecuencias para socios de Estados Unidos.
Pero desde la aprobación de la norma, los gobernantes estadounidenses han postergado la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con países aliados con empresas en la isla que podrían ser objeto de tales demandas. Es el caso de la Unión Europea, principal socio comercial de Cuba desde 2017.
El sábado la ministra de Economía española Nadia Calviño dijo que consideraba «claramente perjudicial» la posibilidad de que Estados Unidos activara la norma. El emblemático Hotel Habana Libre, antiguo Hilton, administrado ahora por la española Meliá, estaría entre los posibles afectados. El gobierno de Trump ha adoptado una postura muy firme contra el de Cuba, que contrasta con la apertura diplomática de su predecesor Barack Obama, quien flexibilizó las restricciones de viaje para los estadounidenses y hasta visitó la isla, afirmando que la estrategia impulsada durante medio siglo por Washington para derribar al régimen no había dado resultados.
Trump también impulsa la salida del presidente venezolano Nicolás Maduro, en medio de la crisis económica que sufre el país que ha obligado a millones de personas a huir. Estados Unidos acusa a las autoridades de La Habana de apoyar al gobierno de Maduro y como parte de las sanciones contra el sector petrolero de Caracas ha penalizado a empresas que llevaban crudo venezolano a la isla.
Reacciones europeas
La Unión Europea reaccionó al anuncio con la advertencia de que si alguna empresa extranjera es demandada por mantener negocios con Cuba puede generar un litigio en la Organización Mundial de Comercio y en tribunales europeos.
Estos comentarios se hicieron a través de una carta que fue enviada al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y fueron publicados en la página web de Reuters. La misiva, que tiene fecha del 10 de abril, fue firmada por la jefa de política exterior de la UE, Federica Mogherini y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmstrom. Pidieron que se otorgara una exención a empresas y ciudadanos europeos.
Con información de AFP y Reuters