Cerca de 2.000 venezolanos solicitaron este viernes el permiso de estadía formal en Trinidad y Tobago durante un año, informaron ayer sábado fuentes oficiales.

El ministro interino de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Fitzgerald Hinds, señaló en una conferencia de prensa que el viernes se procesaron los casos de unos 2.000 migrantes venezolanos, en el primer día de las 2 semanas de inscripción.

Indicó que, no obstante, cientos más fueron rechazados por no contar con los documentos correspondientes y se les pidió que volvieran con toda la información necesaria.

El ministro detalló que cientos de ciudadanos venezolanos durmieron en las aceras de las ciudades de San Fernando y Puerto España el jueves por la noche para ser los primeros en recibir atención el viernes, durante el primer día de inscripción del proceso que les permitirá trabajar y vivir legalmente en Trinidad y Tobago durante un año.

Medios locales reflejan este sábado la frustración de algunos ciudadanos venezolanos que denunciaron que el proceso es lento y, a veces, frustrante.

Muchos no pudieron imprimir el formulario de solicitud porque el sitio en Internet del gobierno se bloqueó en varias ocasiones, mientras que otros se quejaban de que los traductores que les atendieron tenían dificultades para entenderlos, lo que demoró las entrevistas.

«Según los informes que recibí, el proceso se desarrolla de manera relativamente fluida», dijo Hinds, tras reconocer que una de las cosas que más preocupa a la población de Trinidad y Tobago es el tema relacionado con la verificación de antecedentes penales.

«Sabíamos que esta oportunidad de inscripción atraería a criminales, contrabandistas, traficantes de personas y de armas. Queremos asegurarnos de no crear problemas, por lo que es necesario verificar los antecedentes», subrayó.

Hinds aclaró que las tarjetas de registro no se emitirán a sus portadores hasta que se realicen las verificaciones de antecedentes y que Interpol ha asegurado que responderá más rápidamente de lo habitual a las consultas que se le formulen.

Sobre qué ocurrirá después de que termine el permiso de un año de estancia, Hinds dijo que el gobierno no ha tomado todavía una decisión.

Advirtió además que si los venezolanos que viven en Trinidad y Tobago no se acogen al proceso corren el riesgo de violar la ley local.

«Los venezolanos podrán trabajar y tendrán derecho a atención médica básica, pero esperamos que no violen la ley», advirtió.

Hinds aseguró además que la información proporcionada por los ciudadanos venezolanos para el registro será estrictamente confidencial y no se compartirá.

De acuerdo con cálculos de la ONU, cerca de 2,3 millones de venezolanos ha abandonado su país debido a la crisis política, social y económica. 

El representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados y de la Organización Internacional para las Migraciones, Eduardo Stein, aseguró en octubre pasado que debe darse una respuesta regional ante la magnitud del éxodo venezolano, que calificó como una «avalancha humana». 

Las cifras del gobierno de Trinidad y Tobago indican que 9.080 ciudadanos venezolanos han llegado legalmente a este país desde 2016 y 12.257 más solicitaron asilo a través del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Otras fuentes sitúan, sin embargo, entre 40.000 y 60.000 los venezolanos que huyeron de su país y viven ahora en Trinidad y Tobago.

El gobierno espera que todos los migrantes que viven en Trinidad y Tobago aprovechen el proceso de registro, aunque advirtió que quienes sufren condenas penales en su país de origen o que supongan una amenaza para la seguridad nacional serán deportados. 


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