La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco informó este domingo que 552 personas permanecen detenidas en las cárceles de Nicaragua por protestar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa el país y que ha dejado cientos de muertos desde abril.
«En la actualidad, se registran 552 presos políticos de los cuales 46 son mujeres», señaló el organismo en una declaración pública.
«Todas estas personas están sometidas a condiciones arbitrarias e inhumanas de detención, a tratos crueles y degradantes, a violaciones sexuales como método de tortura y, en el caso de las mujeres, a la violencia machista de sus carceleros», denunció.
La coalición sostuvo que el pasado 26 de octubre, en horas de la noche, alrededor de 25 custodios del Centro Penitenciario de Mujeres «La Esperanza» ingresaron a las celdas para golpear a las «presas políticas», entre ellas a la comerciante Irlanda Jérez.
«Las lesionadas presentaban escoriaciones e inflamaciones en sus rostros, manos y brazos, e incluso Brenda Muñoz Martínez, que sufre de una enfermedad grave, se desmayó en la celda ante tanta golpiza», afirmó la fuente.
Asimismo, la Unidad exigió a las autoridades respetar los derechos e integridad de mujeres y hombres que hoy están privados de libertad «injustamente». También solicitaron a los organismos internacionales de derechos humanos «a mantener su valioso apoyo en la demanda del cese a la represión y la salida urgente a la crisis».
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril pasado que ha dejado, en el marco de protestas antigubernamentales, entre 325 y 528 muertos, según organismos humanitarios locales e internacionales, mientras que el Gobierno reconoce 199 víctimas.
Las organizaciones afirman que en Nicaragua existen entre 552 y 558 «presos políticos». Sin embargo, el Gobierno indica que son más de 200 los detenidos, a los que define como «terroristas» y «golpistas», se dice víctima de un intento de golpe de Estado y niega las denuncias de abusos contra los manifestantes.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de más de 300 muertos, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de su renuncia, debido al saldo mortal de las manifestaciones.