El Instituto Nacional Electoral autorizó a Anaya a pautar con cargo al Estado mexicano miles de anuncios de radio y televisión para promover una queja judicial de carácter personal que sostiene con El Universal, debido a publicaciones donde se cuestiona su enriquecimiento desde que preside el PAN. El procedimiento judicial se halla en tribunales y no ha sido emitida una resolución final.
La ley electoral mexicana prevé que los medios electrónicos privados cubran al Estado como contraprestación de espacios definidos que son usados para campañas de interés público y para que los partidos políticos den a conocer sus propuestas.
Gustavo Mohme, presidente de la SIP y director del diario peruano La República, consideró que este hecho “genera un antecedente nocivo para la vida política de México, pues se permite a los partidos utilizar espacios del Estado para intimidar a medios y bloquear así la libertad de expresión, lo que puede constituir un acto de intimidación y de censura previa sobre la libertad de prensa y opinión”.
Roberto Rock, quien preside la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, deploró que “las autoridades del INE no hayan tenido la sensibilidad de extender medidas cautelares para retirar los anuncios”.