La Justicia de Ecuador recibió la notificación de Interpol de que no procederá al arresto de Rafael Correa, ex presidente de dicho país, solicitado por su presunta implicación en el caso de secuestro de un político de la oposición en 2012.

El ex mandatario aseguró que la intención de detenerlo evidencia la persecución que él y sus seguidores sufren, a su juicio, a manos del nuevo gobierno de Lenín Moreno.

La notificación fue anunciada por la Corte Nacional de Justicia, que alega que la decisión estará sometida a revisión. «El 5 de diciembre de 2018, a las 10:35 am, la jueza nacional Daniella Camacho recibió un oficio de Interpol en el que la institución internacional explica que suprime los datos del ciudadano ecuatoriano Rafael Correa Delgado, luego de examinar los elementos concernientes a su situación jurídica», reza el comunicado.

La Interpol argumentó que la retención de los datos en el Sistema de Información del organismo “no era compatible con la obligación de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

Fuentes judiciales dijeron a Efe que por el momento no han recibido el documento con la argumentación legal completa del caso.

Con ello, el organismo internacional rechazó la alerta roja solicitada por la Justicia ecuatoriana para la localización y arresto del ex presidente, que reside en Bélgica desde junio de 2017.

El 7 de noviembre la jueza Camacho dictó un auto de llamamiento a juicio a Correa y otros tres procesados más por el delito de plagio del ex asambleísta Fernando Balda en Bogotá, capital de Colombia. La magistrada había reiterado su solicitud a la Interpol para la captura del ex presidente con fines de extradición al país.

Correa señaló que la decisión de la Interpol  es grave para Ecuador porque significa, a su juicio, que el Estado de derecho no pasa el escrutinio internacional.

En ese sentido, ve en la decisión de Interpol »el principio del fin», porque su resolución dice que le servirá para apelar a otras instancias internacionales en busca de protección, entre ellas las del sistema interamericano.


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