La Justicia conectó el pasado jueves el pago de un soborno, que figura en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, con un negocio millonario contante y sonante, e incluso con una medida concreta de gobierno en la cima del Poder Ejecutivo.
El empresario Gabriel Romero, de Emepa, confesó que pagó sobornos por 600.000 dólares para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara por decreto la concesión de la explotación de la Hidrovía, el tramo del río Paraná-Paraguay que permite conectar el Atlántico y Asunción, para el comercio internacional.
20% del transporte de cargas del país circula por allí.
Aunado a estas revelaciones, Romero dijo que le entregó a Ricardo Jaime, secretario de Transporte, un retorno del 10% al 15% de los subsidios que recibía por su empresa Ferrovías y además le dio una cuota anual de 500.000 dólares para asegurarse el control de los negocios ligados al transporte.
El miércoles, el empresario Aldo Roggio admitió que tenía que pagarle a Jaime 5% de los subsidios que recibía Metrovías.
Con la declaración de Romero, quedó eximido su ejecutivo Rodolfo Poblete, que efectuó los pagos y que el 16 de agosto fue liberado desde los tribunales de Comodoro Py 2002.
Hasta ahora, los cuadernos de Centeno habían identificado un pago de Poblete en nombre de Emepa en 2010, pero ahora se tiene la historia completa. Romero le dijo al fiscal Carlos Stornelli que realizó dos pagos de 300.000 dólares cada uno para que el kirchnerismo firmara el decreto que le aseguró la continuidad del millonario negocio.
Un pago se efectuó un día antes de que el decreto saliera publicado en el Boletín Oficial, el otro se hizo tiempo después.
Se trata de la primera vez que se asocia la elaboración y aprobación de un decreto del Poder Ejecutivo con el pago ilegal de una empresa.
El antecedente
La Justicia ya estaba en la pista de los sobornos: la jueza María Servini de Cubría y el fiscal Gerardo Pollicita ya investigaban a Romero por el modo en que se había hecho con la extensión del contrato de la Hidrovía.
Hasta el jueves, Romero gozaba del beneficio de una falta de mérito, es decir, que había sido indagado y que al no haber encontrado suficientes pruebas para procesarlo había quedado imputado a la espera de nuevos elementos de la investigación.
Las pruebas llegaron por su propia boca cuando confirmó que efectivamente se había quedado con el negocio a fuerza de sobornos.
Ahora, el fiscal Pollicita pedirá a Servini de Cubría que amplíe la indagatoria al empresario Romero y que incorpore en su causa la confesión que hizo en el juzgado de Claudio Bonadio.
El decreto mencionado por Romero fue firmado por Cristina Kirchner, Amado Boudou, Julio De Vido y Aníbal Fernández como jefe de Gabinete en 2010.
La medida le permitió a la empresa Hidrovía, donde participa Emepa, extender la concesión por ocho años más.
Además de esta declaración, ayer amplió su indagatoria Juan Carlos de Goycoechea, exCEO de la empresa Isoloux.
El ejecutivo fue el primero que acordó declarar como colaborador arrepentido y dijo que había efectuado pagos como aportes de campaña.
El jueves insistió en que se efectuaron esos pagos y amplió sobre las presiones que recibió para contratar a determinados proveedores para la construcción de la Central Eléctrica de Río Turbio por su vinculación con la política. De Goycoechea indicó también que las presiones provenían de funcionarios que apadrinaban a estas empresas contratistas.
Así le imponían a Fainser, cuya apoderada era Romina Mercado, sobrina de Cristina Kirchner, y Termipol, supuestamente ligada a un vecino de De Vido en Zárate,
Explicó también las acusaciones del financista Luis Spirito que dijo que descontaba cheques de Isolux hasta que la empresa dejó de tener fondos para respaldarlos. Ante esto, Isolux le hizo una denuncia que mantuvo abierta el juez Norberto Oyarbide durante años para perjudicarlo, dijo.
En la AFIP sospechan que Fainser generó facturas falsas por decenas de millones de pesos a favor del consorcio a cargo de la construcción de la usina termoeléctrica en Río Turbio, que le permitieron a Isolux burlar los controles de sus auditores externos.