La corte suprema de Brasil cerró su audiencia del martes sin abordar el pedido de liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que genera un interés redoblado desde la divulgación de documentos que cuestionaron la imparcialidad del juez que lo condenó en primera instancia, Sergio Moro, actual ministro de Justicia.
El caso entró en la agenda del Supremo Tribunal Federal (STF) solo el lunes, al día siguiente de las revelaciones hechas por el portal The Intercept Brasil, pero los cinco magistrados consagraron las casi cinco horas de la sesión a analizar otros expedientes.
Agendaron en cambio para el martes 25 de junio el tratamiento de otro recurso presentado por Lula, que cuestiona directamente la imparcialidad de Moro por haber aceptado ser ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro después de que este derrotara al delfín de Lula, Fernando Haddad, en las presidenciales de octubre de 2018.
En el recurso que debía examinarse este martes, los magistrados tenían que decidir si los abogados de Lula tuvieron un amplio derecho a la defensa cuando su condena fue tratada en abril por un tribunal de rango menor (el Superior Tribunal de Justicia, STJ).
La segunda corte sesiona los martes, y los dos procesos podrían ser tratados el mismo día 25, dado que el STF no deliberará la próxima semana.
Lula, que purga desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses de cárcel como presunto beneficiario de un apartamento cedido por una constructora en el litoral paulista a cambio de contratos en Petrobras, clama su inocencia y se dice víctima de una maquinación político-judicial para impedirle volver al poder.
Sus reclamos cobraron mayor eco desde el domingo, cuando The Intercept Brasil divulgó mensajes entre Moro y fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato, que podrían implicar una colusión de instancias judiciales para impedir que el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula ganase las presidenciales del año pasado.
Moro y Lava Jato a la defensiva
La Operación Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción de Brasil, fue puesta en jaque tras esas revelaciones.
El Consejo Nacional del Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria para determinar si los fiscales cometieron una «falta» y la Orden de Abogados de Brasil (OAB) recomendó la separación temporaria de sus funciones de Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, jefe de la fuerza tarea de Lava Jato.
Otros juristas pidieron en la prensa la renuncia de Moro, uno de los ministros más prestigiosos del gobierno de Bolsonaro, quien llegó al poder prometiendo mano dura contra la criminalidad y tolerancia cero contra la corrupción.
Moro se adelantó a articulaciones de la oposición para convocarlo ante el Congreso y se ofreció a «brindar aclaraciones» ante una comisión senatorial sobre las filtraciones, en una sesión marcada para el 19 de junio.
Habrá que ver si entre tanto The Incercept publica una segunda tanda de las masivas filtraciones que dice tener aún en su poder.
El portal cuenta entre sus fundadores al estadounidense Glenn Greenwald, que reveló en 2013 las filtraciones de Edward Snowden sobre los programas de vigilancia masiva implementados por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos.