Lo que quedó claro de la cumbre del Grupo de Lima que se reunió en Bogotá es que se descartó el “uso de la fuerza” como salida a la crisis en Venezuela. También, que se van a impulsar acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que tome en consideración la “violencia de (Nicolás) Maduro” como un crimen de lesa humanidad y que habrá un reforzamiento de la ofensiva diplomática para buscar una transición democrática.

No se dio el ultimátum militar que algunos sectores esperaban. De esta forma, el fantasma de una intervención –que había sido agitado por líderes de la oposición como Julio Borges e insinuado por el presidente encargado Juan Guaidó, y que también había sido incluido dentro de las posibilidades por la retórica del gobierno de Donald Trump con su famoso “todas las opciones están sobre la mesa”– se disipó, por ahora, en favor de más presión no militar y de la acción multilateral. El punto 16 de la declaración del grupo al término de la cumbre de este lunes lo dice claro: “Reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza”.

Lo que no se sabe es si este tono cambiaría si llega a haber una agresión militar contra Colombia o si le llega a pasar algo a Guaidó, dadas las garantías de apoyo y defensa que expresa Washington a Bogotá y las amenazas que dio a conocer el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo contra la vida del presidente encargado y su familia.

Si bien los analistas reconocen que lo sucedido con el bloqueo a la entrada de la ayuda y la represión del régimen madurista –incluso ayer persistían los enfrentamientos con la Guardia en los pasos internacionales– reforzaban las posiciones de quienes creen que la vía militar es la única salida, la realidad es que ni se pudo hacer ingresar la ayuda humanitaria ni la presión ciudadana logró que se le diera un golpe de gracia a la unidad de la Fuerza Armada Bolivariana. 

Es cierto que ha habido una cascada de deserciones de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, pero, como lo dijo socarronamente uno de los hombres fuertes del madurismo, Diosdado Cabello, para un ejército de más de 280.000 efectivos, “que se lleven a 12” no es importante: “Van bien, sigan avanzando que van bien”.

Lecciones del sábado

Más aún, no hay ambiente en la región, ni siquiera entre los más cercanos aliados de EE UU, para una intervención militar. Los trágicos recuerdos que dejan operaciones del pasado en la región disuaden cualquier camino hacia este escenario.

Tras lo sucedido el sábado, a Guaidó le quedó claro que “Maduro mantiene el control de por lo menos un sector significativo de las fuerzas militares y paramilitares –algunos de ellos, además, están dispuestos a disparar contra civiles inocentes– y que el esfuerzo para destronarlo a través de un aumento de la presión económica, diplomática y protestas callejeras no ha sido tan rápido y contundente como esperaban. Si el plan B de Guaidó y Borges era una intervención militar, la reunión del Grupo de Lima les echó un baldado de agua fría, por lo menos por ahora”, dijo a El Tiempo Michael Camilleri, director del Programa para la democracia en el Diálogo Interamericano.

Para los analistas, el recurso a lo militar podría ampliar el problema a niveles continentales y aumentar la tragedia. Por eso, la idea general es que la vía debe ser, más que tumbar el gobierno de Maduro en sí mismo, llevar al país a unas elecciones libres y transparentes.

La pregunta es: ¿la oposición está dispuesta a ir a unas elecciones en las que el árbitro será el Consejo Nacional Electoral dirigido por Tibisay Lucena? 

La respuesta obvia es no. Si es con observación internacional y con un árbitro imparcial, quien no iría sería Maduro. “Si la oposición acepta unas elecciones (en las condiciones actuales) se arriesga a perder esa conexión que volvió a lograr con el pueblo. Una elección en este momento es algo impresentable”, opina el analista venezolano Luis Vicente León.

“El statu quo de Venezuela es trágico e insostenible, pero una intervención militar causaría daños serios, extenderse y sumarle a esa tragedia. Todavía hay opciones para tejer algo entre estos dos extremos que puedan forzar unas elecciones libres y transparentes. Hay que agotar esas opciones”, dijo en un comentario Adam Isacson, de Wola.

“Hay muchas voces que claman por una intervención militar, y el giro de Guaidó, al hablar de todas las opciones sobre la mesa, lo alineaba con Trump (…). Pero es una ilusión pensar que una acción militar sería rápida y contundente, como creyeron los que planearon la invasión a Irak”, opina Cynthia Aronson, directora del programa de América Latina en el Woodrow Wilson Center.

“Una acción militar de EE UU, incluso apoyada simbólicamente por otros países, podría, además, desatar un conflicto regional de fuerzas regulares e irregulares que incluiría a los grupos guerrilleros colombianos”, añade Aronson.

De hecho, algunos analistas hablan de la posibilidad de un largo conflicto contrainsurgente con atentados terroristas, muy parecido, guardadas las proporciones, a lo que sucede en Siria o Irak. Es decir, un costo altísimo.

El cierre del paso a la vía militar, no obstante, constituye un respiro para Maduro, pues le da el mismo tiempo valioso que consiguió cuando logró llevar a la oposición a un diálogo en la República Dominicana bajo el auspicio del Vaticano. Allí logró desinflar el ánimo de la calle, que lo tuvo tres meses contra la cuerdas, tras más de 125 muertos, y romper a la oposición, errática y sin norte.

Un respiro para Maduro

“Maduro le está apostando a que la situación se diluya en el tiempo, su objetivo es llegar a junio y que de aquí a allá las agendas internas de los países que hasta el momento han respaldado a Guaidó los absorba. Sin ir más lejos está el caso de Colombia, donde por ejemplo empieza la discusión del Plan de Desarrollo, en el que el presidente Duque tiene las de perder y tendrá que enfocarse más en lo interno”, opina Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

Para Guaidó, el escenario se pone más complejo. Se esperaba que intentara regresar a su país, pero su capacidad de maniobra se está restringiendo porque quizás apostó muy alto con la “entrada de la ayuda el sábado sí o sí” y eso le va a costar mantener en alto el ánimo de la calle tras la demostración de la Guardia Nacional y los colectivos chavistas.

Su regreso a Venezuela lo pone ante un escenario de cárcel o de ostracismo si pasa mucho tiempo sin que pase algo determinante. O, en el peor, de riesgo de muerte. A Maduro lo pone en el dilema de que si no lo detiene, es una muestra de debilidad, o de que si lo hace, la comunidad internacional active mecanismos más radicales.

Ante ese escenario, y la evidencia de que quizás haya que preferir el camino largo, los analistas dicen que hay que “mantener la presión internacional, seguir intentando llevar alivio a los necesitados y documentar estos crímenes para acciones ante la justicia internacional. El Grupo de Lima dejó claro que le apuesta a la agenda humanitaria, no a intervenciones militares”, dice Ángela Chávez, del Adrienne Arsht Latin American Center. “Ah, y dejar de darles tanta publicidad y tinte político a los esfuerzos por ingresar la ayuda a Venezuela”, aconseja Aronson.

El canciller chileno, Roberto Ampuero dijo que la próxima reunión del Grupo de Lima será en Santiago.


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