El gobierno de Nicolás Maduro ordenó el traslado de un tribunal itinerante a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicado en Caracas, y fueron imputados 59 ciudadanos colombianos por delitos de terrorismo, asociación para delinquir y falsificación de documentos.
Los detenidos no tuvieron audiencia preliminar, hasta este jueves nunca se los acusó de nada y se les ha mantenido encerrados todo este tiempo sin poder defenderse ante algún juez.
Los detenidos fueron capturados en redadas impulsadas por la policía venezolana luego que el presidente Maduro anunció en agosto de 2016 que su gobierno había detectado un complot en su contra y que decenas de supuestos paramilitares colombianos estaban involucrados en ello.
Sin embargo, nunca se presentaron las pruebas que relacionaran a estos ciudadanos ni con grupos armados irregulares ni conspiración alguna.
Con el tiempo, las indagaciones periodísticas han demostrado que la mayoría de los detenidos estaban, efectivamente, indocumentados o carentes de legalidad en Venezuela, pero en su mayoría se trataba de trabajadores informales.
Todos viven en habitaciones improvisadas con paredes de sábanas en esa sede policial, deambulando de un lugar a otro, esperando las visitas de familiares.
Sin embargo, la puesta en libertad nunca se concretó. Los abogados defensores de estas personas aseguraron entonces que por “órdenes de arriba” se congeló la decisión, pues el régimen de Maduro no tendría cómo justificar la arbitrariedad de esa detención.
Los abogados denunciaron que antes de acusarlos los obligaron a firmar un papel que exime de responsabilidad al gobierno de Maduro por la detención.