La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron enérgicamente las agresiones sufridas por el nuncio Stanislaw Waldemar Sommertag, el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, el lunes pasado cuando grupos parapoliciales irrumpieran en la basílica de San Sebastián, en la ciudad de Diriamba.
“Condenamos asimismo la estigmatización y persecución de personas defensoras de derechos humanos y otros actores en el proceso de diálogo nacional”, dijeron en un comunicado.
Alertaron acerca de una campaña de estigmatización contra los integrantes de la Iglesia Católica “por sus labores de protección a la integridad física de los manifestantes y por su fundamental rol en la mediación del diálogo nacional, para el deseable alcance de una solución pacífica a la grave crisis de derechos humanos que vive el país”.
Insistieron en pedir al gobierno “la lista de todas las personas fallecidas y heridas en estos operativos y realizar de manera inmediata, expedita y debida una investigación de los responsables de estos hechos”.
Los embajadores de la Unión Europea en Nicaragua también mostraron preocupación y se reunieron ayer en la mañana con Waldemar, Brenes y Báez, informó la Embajada de la UE en Nicaragua.
Human Rights Watch responsabilizó a Daniel Ortega, a la comisionada general de la Policía Nacional, Aminta Granera, y al inspector general Jaime Vanegas, de los abusos cometidos. “La policía sigue matando y aterrorizando a personas, a menudo con pandillas armadas partidarias del gobierno”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Tensión. En las últimas 24 horas se registraron 17 fallecidos en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos al diario El País de España.
La tensión creció en varias ciudades debido a las denuncias de amenazas de más ataques de las fuerzas del gobierno y el levantamiento de más barricadas para repelerlos, en medio de la crisis sociopolítica que comenzó el 18 de abril pasado y ha ocasionado al menos 320 muertos.
En Jinotega, en el norte de Nicaragua, los manifestantes volvieron a levantar barricadas para evitar las acometidas de las fuerzas combinadas gubernamentales.
En Sébaco, otra ciudad del norte del país, señalaron que simpatizantes del gobierno marcaron algunas de las viviendas, y sus residentes temen que sean incendiadas como ha ocurrido en Masaya, Managua, León y Matiguás.
En Masaya la tensión se prolongó desde el lunes en la madrugada debido a continuos tiroteos y el sobrevuelo de drones, presuntamente del gobierno, y un apagón que generó temor de otro ataque armado que finalmente no ocurrió.