El gobierno de Chile se mostró a favor de la medida que implica llevar al presidente, Nicolás Maduro, a la Corte Penal Internacional (CPI) para que sea investigada la violación a los derechos humanos que sufre el país. 

«La idea es que seamos un conjunto de países los que presentemos este tema ante la Corte Penal Internacional para que investigue los casos de violaciones a los derechos humanos», dijo Roberto Ampuero, ministro de Relaciones Exteriores de Chile.

«El tema, en verdad, está siendo conversado desde hace cierto tiempo con otros países como Argentina, Colombia, Perú, Paraguay y Canadá», destacó el jefe diplomático chileno.

«La situación en Venezuela no ha mejorado, por el contrario, sigue empeorando»

Chile fue el primer país en respaldar los reportes de Organización de Estados Americanos (OEA) ante la CPI. Sebastián Piñera, presidente del país chileno, mandó una carta al secretario de la OEA, Luis Almagro, con respecto a la situación en Venezuela, asegurando que todo «sigue empeorando». 

Mauricio Macri, presidente de Argentina, anunció que probablemente otros países de Suramérica se unirán a esta solicitud para que los delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro sean inquiridos. Añadió que la solicitud se hará «en semanas» y que probablemente lo haga junto a Colombia y Paraguay.

Sostuvo que en en Venezuela «cada vez hay más consensos de tomar medidas más contundentes en el intento, hasta ahora frustrante, de ayudar a los hermanos venezolanos». A pesar de su reiteración en su compromiso, reconoció que las medidas adoptadas hasta ahora por diversos países latinoamericanos respecto a Venezuela han tenido pocos efectos.

Poder de la Corte Penal Internacional

La CPI es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Tiene personalidad jurídica internacional, y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional. 


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