Confusas y hasta contradictorias han resultado las declaraciones de los más altos funcionarios del gobierno sobre los alcances del acuerdo con las FARC, en La Habana, en el apartado de justicia. Un ejemplo: que el nuevo tribunal de paz podrá juzgar a los ex presidentes, que no, que sí, pero depende… Qué galimatías y qué falta de unidad de mensaje en el gobierno.Nada que los colombianos conocemos el contenido textual íntegro de los 75 puntos pactados, lo que nos obliga a opinar con base en el comunicado conjunto gobierno-FARC. El presidente Juan Manuel Santos se la ha jugado por el jolgorio. Dijo en la ONU que el año entrante volverá como mandatario de un país en paz, como si la firma definitiva de La Habana, antes del 23 de marzo, significase de un modo mágico el fin de la violencia. Olvida el presidente que las mafias del narcotráfico siguen ahí, en las bandas criminales que quedaron tras el fin de los grupos paramilitares. Y aquellas que se mueven en Cauca, Nariño, Putumayo y Catatumbo, entre otras zonas donde los narcos de las FARC quizás le digan adiós a la guerra de guerrillas, pero seguirán en el negocio de la cocaína. A esto se suma una reciente decisión de la Corte Suprema que avala que el narcotráfico cometido por guerrilleros sea considerado conexo al de rebelión y sea objeto de indulto o amnistía. Es fácil imaginar que muchos narcos estarán listos a pagar a mandos medios de las FARC desmovilizados para que declaren que trabajaban para la guerrilla y así limpiarles el prontuario. Resulta un gravísimo error que el gobierno anticipe que va a presentar un proyecto de ley al Congreso para atajar las posibilidades de extradición por narcotráfico de guerrilleros de las FARC desmovilizados tras el acuerdo de La Habana. Una ley en esa dirección obligaría no solo a este sino a futuros gobiernos a no extraditar a los exguerrilleros. ¿Para qué tirar esa llave al mar?


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