Histórico

Justicia electoral parcial e inmoral

La columna vertebral de la organización del poder público en un Estado de Derecho es la separación e independencia de las ramas que lo ejercen (cuando menos, las funciones de legislación, justicia y administración deben ser desarrolladas por autoridad autónomas entre sí). La Constitución no solo proclama este principio de separación de poderes al prever que este se distribuye mediante la asignación de sus funciones propias (artículo 136 de la Constitución), sino que a la par se contemplan mecanismos para evitar que un poder pueda impedir el funcionamiento del otro y además obliga a la colaboración entre los distintos poderes para que las labores que corresponde a cada uno de ellos queden ejecutadas de manera eficiente. De forma que los actos de cualquiera de una de estas ramas dirigidos a obstaculizar, impedir o mermar el debido funcionamiento, o el desempeño pleno de las competencias que a otra de ellas corresponden, serán contrarios a la Constitución y por ende nulos de nulidad absoluta. Así, el Poder Legislativo es y debe ser un poder independiente y, por tanto, los actos de otros poderes tendentes a impedir su debido funcionamiento son contrarios a la Constitución y al interés de todos quienes bajo este estatuto se organizan para vivir en armonía y paz, de acuerdo con sus postulados y normas. La sentencia de la Sala Electoral suspendiendo, por vía de una medida cautelar de amparo, los efectos del acto electoral de elección y proclamación de unos diputados es un acto írrito, pues tiene como efecto interferir en el normal desempeño del órgano parlamentario, desde que destruye la posibilidad de su constitución de acuerdo con los parámetros del ordenamiento jurídico y a la decisión soberana del cuerpo electoral. El diputado, una vez proclamado por la autoridad electoral, ostenta la condición de miembro del parlamento y por ello desde ese mismo momento le arropa la inmunidad parlamentaria (artículo 200 de la Constitución), que impide su procesamiento penal sin la autorización de la Asamblea, protegiéndolo este mecanismo del uso de la justicia para constreñir su voluntad y acabar con la necesaria independencia que sus delicadas funciones imponen. Este privilegio se establece en protección del funcionamiento del órgano y no del propio parlamentario (exposición de motivos de la Constitución). A partir de la proclamación solo es función privativa de la Asamblea calificar a sus integrantes, conocer de su renuncia y aprobar su separación temporal (artículo 187, 20 de la Constitución). La proclamación equivale a la designación, de manera que, proclamados los cargos de elección popular, no puede otro poder del Estado impedirle el ejercicio de sus funciones, salvo que se declare la nulidad (decisión de fondo) de la elección y nunca mediante una medida cautelar judicial. La juramentación es un trámite para iniciar el ejercicio de las funciones, en el caso de la Asamblea Nacional esto es de orden constitucional y debe ocurrir en una fecha precisa: el 5 de enero del inicio del período (artículo 219 de la Constitución). En general, es de lógica elemental que designado o proclamado el funcionario, no puede el juez de forma cautelar suspender la efectiva realización de sus funciones, pues ello no solo afectaría al individuo sino que impediría el funcionamiento del órgano mismo y si este es nada más y nada menos que la organización de una de las ramas del poder público, hacerlo implicaría la gravísima consecuencia de producir la suspensión del Estado de Derecho de forma indefinida. Esto explica que toda la jurisprudencia de la justicia electoral niegue la cautela en materia de cargos proclamados para suspender su ejercicio, y más aún que de resultar nula la elección se declaran válidos los actos cumplidos, la seguridad jurídica así lo exige. Además, el acto cuyos efectos se han cumplido no puede ser suspendido, por tanto, los diputados proclamados diputados son y, salvo una decisión anulatoria, esto ha de ser respetado hasta por el propio máximo tribunal de la República. Debe también tenerse en cuenta que las medidas judiciales cautelares tienen límites, no pertenecen al ámbito de una discrecionalidad absoluta y personal del juzgador, deben cumplirse ciertos extremos para su procedencia. La prueba del buen derecho y de que ella evitará consecuencias dañosas irreparables o de difícil reparación. Y esta prueba tiene que ser evidentemente legal.  La grabación de una conversación privada es totalmente ilícita. Asombra entonces que el único sustento para despojar a estos diputados de sus curules haya sido una prueba obtenida de manera inconstitucional e ilegal, que nunca ha debido ser tomada en cuenta por el sentenciador. Pero es que este sentenciador es a su vez producto de una designación con violación del procedimiento, realizada con el claro objetivo de que tal decisión pudiera tomarla el grupo político (oficialista) que perdería la mayoría y la posibilidad de hacerlo con sus solos votos al instalarse el nuevo congreso. La parcialidad en este caso también se deduce desde que la sentencia electoral cuestionada ha recaído solo en uno de varios juicios impugnatorios de resultados electorales contrarios a ese grupo político, pues es precisamente en el caso que aparentemente le produciría la pérdida del número mágico para la mayoría calificada (111) al grupo parlamentario de oposición, pues al suspenderse 3 diputados de la unidad, estos solo contarían con 109 diputados. No se ha tenido en cuenta, sin embargo, que la suspensión de la toma de posesión del cargo, al impedirse la juramentación, trae aparejado que la Asamblea no tiene, por el tiempo que dure el juicio, 167 diputados sino 163, porque se suspendieron los escaños de 4 de sus integrantes (3 de la oposición y 1 del sector oficialista), con lo cual la mayoría calificada de 111 diputados habría pasado a ser de 109 diputados y la oposición seguiría teniendo las 2/3 partes. Lo más grave que aquí se denuncia es el uso de la justicia, de nuevo, como mecanismo para dar apariencia de legalidad a lo elementalmente ilegítimo. En este caso: es el uso de la justicia electoral para impedir el funcionamiento de un órgano constitucional, el más importante en un Estado de Derecho, el que dicta las leyes, el que ha de producir las normas limitativas de los derechos fundamentales y además el que ejerce el control político del Poder Ejecutivo.