Índole de quienes atentan contra la AN

 El régimen que arruinó el país en medio de la mayor bonanza petrolera de la historia, que abusó del poder a más no poder, que eliminó la autonomía de los poderes públicos, que arrebató a la justicia la balanza de la imparcialidad, que auspició la criminalidad permitiendo la impunidad casi total de los 259.437 homicidios ocurridos durante su ejercicio (Observatorio Venezolano de Violencia), que toleró la corrupción, que armó a venezolanos para que asesinaran a otros venezolanos, que entregó a los cubanos sectores importantes de la soberanía nacional, que eliminó la alternancia en los cargos públicos, que degradó el discurso político y la función parlamentaria, que permitió la muerte por inanición de un venezolano que luchó denodadamente por su derecho a la propiedad, que sacó de madrugada de sus casas con ?gas del bueno? a las familias de los técnicos y profesionales petroleros despojados de sus empleos, de sus prestaciones y de sus ahorros por luchar contra los males mencionados arriba, conspira ahora contra la Asamblea Nacional, poder que se les fue de las manos.En esa antidemocrática conjura están involucrados el presidente de la República y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Conviene, por tanto, decir algo sobre la representatividad y la legitimidad de los conjurados. El presidente de la  República fue elegido hace tres años con una mínima diferencia de votos por encima de su competidor Henrique Capriles Radonski, apenas 224.268 votos (el 1,5%), con todo y la ayuda de Chávez que lo designó su sucesor pocos meses antes en un melodramático reality show difundido en cadena nacional televisada. Tenía el oficialismo, en aquel momento, 50% del apoyo popular. En la  actualidad, de acuerdo con la encuesta Keller para el primer trimestre del año en curso, tiene un respaldo real, apuntalado con el poder y los recursos del Estado, de solo 23%, porcentaje que se reduce paulatinamente.Los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no son elegidos popularmente. Tienen un poder de segundo grado derivado de la propia Asamblea Nacional (art. 264 de la CRBV). La legitimidad de esos magistrados descansa exclusivamente en el supuesto jurídico de que son escogidos conforme a procedimientos constitucionales que garantizan su idoneidad, su imparcialidad y su honorabilidad. Pero todos sabemos cómo ocurrieron las cosas con la designación de esos magistrados en la anterior Asamblea Nacional y cómo se violaron las disposiciones legales sobre la materia. De allí que esos magistrados no tengan la legitimidad de origen ni la legalidad requeridas para el desempeño de sus cargos.  Ellos son los agresores.Los agredidos, los miembros de la mayoría parlamentaria, los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática de la Asamblea Nacional, componen las dos terceras partes de la Cámara de conformidad con los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. Pero los datos actualizados que revelan las encuestas más recientes señalan que los diputados de la oposición representan no menos de 77% del consenso popular. Los agresores, en esencia, representan muy poco; la Asamblea Nacional representa a la nación.¿Qué piensa el lector al respecto? ¿Cree que un órgano del Poder Judicial sin majestad y sin representatividad real y un presidente sin suficiente respaldo popular puede desconocer y entorpecer impunemente la voluntad del país representada en la Asamblea Nacional? ¿Puede el presidente Maduro, enfrentado a la nación, en medio de la peor crisis económica, política y social de la historia republicana, con su arrogancia y prepotencia características, desconocer el Estado de Derecho apoyándose solamente en las fuerzas armadas comandadas por una camarilla militar desprestigiada? ¿Puede actuar impunemente? ¿No estaremos acaso al borde de importantes acontecimientos históricos que pondrán las cosas en su lugar, hechos decisivos como los que han ocurrido en Venezuela en circunstancias parecidas, los del 23 de enero de 1958, por ejemplo?