El presidente del Grupo Editorial El Venezolano con sede en la ciudad de Miami desde 1992, Oswaldo Muñoz, denunció al gobierno venezolano en el 65 Congreso anual del Instituto de Prensa Internacional (IPI) -realizado en Doha (Qatar)- por las constantes y permanentes violaciones de los derechos humanos  y la persecución a periodistas, dueños y medios de comunicación en general del país.Muñoz entregó a la directora ejecutiva del IPI, Bárbara Troinfi, un informe que elaboró en la última Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, en el que expone detalladamente las actuaciones del gobierno de Nicolás Maduro y el acoso a los medios.Durante su participación, el presidente del Grupo Editorial El Venezolano señaló que en Venezuela hay más de 70 presos políticos, encausados por el solo hecho ser críticos y opositores a Nicolás Maduro, siendo Leopoldo López y Antonio Ledezma los más emblemáticos.En el documento entregado fueron certificadas 287 violaciones a la libertad de expresión, entre las que se exponen  los casos más emblemáticos  de persecución y amenazas por parte de altos representantes del gobierno a los propietarios de los medios acusándolos de obedecer directrices del ?imperio? norteamericano y de estar fraguando un golpe de Estado.Destacó la situación del canal de noticias Globovisión, la cual a pesar de haber sido identificada como ?amiga? del gobierno cuando se realizó la compra del medio, hoy en día ejerce un periodismo imparcial y objetivo, por lo que son objeto de ataques y descalificaciones de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, por supuestamente estar al servicio de oscuros intereses en ?contra? del Estado venezolano.Expuso la situación del diario El Carabobeño, que circuló en la región central hasta el pasado 17 de marzo  por la falta de papel. Aunado al diario Panorama del occidente del país que tuvo que cerrar algunas de sus corresponsalías.Muñoz aprovechó su participación para denunciar el auto de detención emitido recientemente por un tribunal contra David Natera, director del El Correo del  Caroní, en un juicio amañado y consensuado con el ejecutivo, por ser un medio opositor al régimen.Finalmente, mencionó el juicio que se le sigue a los editores de Tal Cual, El Nacional y el portal La Patilla, situación que ha obligado a los propietarios de los dos últimos medios a estar fuera de Venezuela.


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