«¿De qué vivimos?». Esa es la pregunta que hace casi siete meses se hacen los transportistas de carbón del estado Táchira. El cierre de la frontera colombo-venezolana acabó con la única fuente de ingreso de más de 500 familias que dependen directamente del transporte de carga pesada desde Colombia hasta los municipios Pedro María Ureña y Bolívar. Ismael Párraga, carbonero hace más de cinco años, asegura que la medida «es un golpe duro porque aquí no hay trabajo para nada». Actualmente requiere de una operación en la próstata, pero «los ahorros se acabaron» poco tiempo después de que paró su camión, el vehículo que semanalmente llevaba entre 70 y 80 mil bolívares a su casa, donde viven tres personas más. Para él, el cierre «se está alargando demasiado». Cree que ahorita en la frontera hace falta que el gobierno nacional haga una investigación para saber quién es quién, porque tienden a meter todos en el mismo saco: el de contrabandistas. ?Los que sentimos las consecuencias somos los que estamos organizados?, protesta. Pero Párraga sabe que decir la verdad en la frontera puede costar la vida: «No podemos hablar. Usted dice algo y está muerto. Aquí tenemos un gobierno diferente al gobierno nacional?.Las humillaciones son constantes en este gremio, que asegura ser el más golpeado con el cierre. José Ramírez relata que cuando estaba operativo debía rendir cuenta a «seis alcabalas en menos de un kilómetro», mientras que a quienes llevaban sus tanques con gasolina extra, para revenderla en Colombia, los dejaban pasar sin requisa alguna. ?Por treinta personas el pueblo no puede pagar las consecuencias. Nosotros no tenemos la culpa?, reclama Ramírez, quien tiene más de dos años viviendo con un corazón que trabaja a 20% y necesita ir a Cúcuta cada cierto tiempo a buscar las medicinas que el gobierno colombiano le regala. Las autoridades han visto siempre a los carboneros como un estorbo, esa es la idea que quiere transmitir Jaime Rodríguez. Este transportista que lleva más de un lustro viviendo del carbón recuerda que solo a ellos los obligaban a llenar sus camiones con combustible a precio internacional (87 bolívares por litro de diesel): ?Los únicos que echábamos éramos nosotros?. Con lo que ellos pagaban por un litro podían llenar el tanque de 14 vehículos livianos, asegura Francisco Gafaro.Gafaro es uno de los activistas defensores de los derechos de los carboneros, quienes el 25 de febrero emitieron un comunicado que pretende tocar las puertas de ambas naciones. «Hacemos un llamado al corazón del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para que, en caso de un posible acercamiento con el ciudadano presidente Nicolás Maduro, piense, como padre de familia que es, en las familias de nuestros compañeros».Estos transportistas solo necesitan trabajar, un derecho que se les está violando desde que Maduro bloqueó la comunicación terrestre entre ambos países. Por eso, hoy respaldan «la iniciativa y solicitud hecha por el ciudadano gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, sobre la apertura inmediata de la frontera para el comercio legal en lo concerniente a la exportación, importaciones y tránsito aduanero». Una medida que devolvería la normalidad a la región y el sustento para vivir a más de 500 padres de familia.


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