En mayo, cuando los primeros casos del virus del zika empezaban a aparecer en Brasil, Rossandra Oliveira dejó de recibir una herramienta clave para hacer bien su trabajo: insecticida.Los envíos mensuales realizados por el gobierno federal desde la capital del país, Brasilia, a su oficina, en el epicentro del brote del virus, se detuvieron. A Oliveira, que gestiona el programa de control de mosquitos en Campina Grande, ciudad de 400.000 habitantes, la dejaron indefensa.La escasez continuó incluso después de que la presidenta Dilma Rousseff declarara el 11 de noviembre una emergencia sanitaria nacional por el zika, un virus transmitido por los mismos mosquitos responsables del dengue y chikungunya.El de Campina Grande no fue un caso aislado. Durante tres meses de 2015, el Ministerio de Salud se quedó sin insecticida para atacar las larvas y se suspendieron los envíos del producto a todo Brasil entre agosto y octubre, de acuerdo con documentos de fiscales que investigan las razones de la escasez.La falta del insecticida para las larvas es solo parte de una serie de deficiencias del sistema de salud pública del país que fue paralizando la capacidad de Brasil para manejar el brote del zika y el aumento de casos de bebés que nacían con extraños defectos congénitos que se sospecha pueden estar vinculados a esa enfermedad.Un recorrido realizado por la agencia AP en varias ciudades y pueblos, que estaban en el epicentro de la epidemia al noreste de Brasil, descubrió que los hospitales públicos estaban a la espera de los recursos necesarios para combatir el virus mientras que los funcionarios de salud luchaban por su cuenta en un intento por compensar las carencias.»En 19 años de trabajo en control ambiental nunca había visto tanta desorganización como la que estoy viendo ahora», dijo Oliveira, cuyo equipo de 169 inspectores de salud, en Campina Grande, tuvo que llevar a cabo inspecciones de puerta a puerta sin el insecticida durante la época de la escasez. «Estamos pagando las consecuencias por haber subestimado al enemigo».El culpable más inmediato es la recesión más profunda que haya vivido el Brasil desde la década de 1930, que obligó a la economía más grande de América Latina a apretarse el cinturón. Pero expertos consultados dicen que el fracaso colectivo para hacer frente a flagelos de larga data como la corrupción, la desigualdad y la crónica escasez de recursos para el sistema de salud pública también es responsable.El ministro de Salud, Marcelo Castro, negó que la escasez de insecticidas fuera grave. Dijo que la falta de suministros ocurrida en 2015 eran casos aislados, de corta duración y que coincidió con un período climático más frío que redujo la reproducción de los mosquitos. Dijo que el envío de los insecticidas se ha normalizado desde que él asumió el cargo de ministro en octubre.»Hemos hecho un gran esfuerzo para asegurar que no haya carencia de insecticida para larvas en ningún lugar de Brasil», dijo en una entrevista en su oficina en Brasilia desde donde se ve el moderno palacio presidencial.Pero documentos obtenidos por la AP y entrevistas con funcionarios de salud locales indican que la escasez del insecticida se prolongó durante varios meses y afectó a todo el país, en momento en que muchas mujeres estaban embarazadas y no sabían, en ese momento, los males que podría transmitir el virus del zika al bebé que llevaban en su cuerpo.La escasez se produjo pese a que la Organización Mundial de la Salud decretó una alerta mundial e instó a las naciones a fortalecer los controles para atacar a los mosquitos.En un documento técnico enviado en septiembre a 185 municipios del estado de Pernambuco, el principal funcionario de control de la enfermedad del estado incluso habla de sustitutos para el insecticida, como el uso de cloro en las casas para matar las larvas o de peces pequeños que se las comieran.El ministro Castro dijo que la manera más eficaz para luchar contra el mosquito no eran los productos químicos sino la eliminación de lugares donde se reproducen los mosquitos en las casas de las personas. La idea fue reforzada por la decisión de Rousseff de enviar a los militares a llevar a cabo inspecciones de casa en casa.


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