Deportivamente es poco lo que se sabe de Emanuel Andrade desde el año pasado. Su última competencia  la disputó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla,  realizados entre julio y agosto pasados.

Ubicado en el puesto 529 del ranking mundial, no parece estar en los planes para los Juegos Panamericanos de Lima, que se inaugurarán en julio.

Aunque la Federación Venezolana de Deportes Ecuestres no ha entregado la lista de atletas que intervendrán en la justa peruana –penúltima parada en el ciclo olímpico a Tokio 2020-, extraoficialmente se supo que no cuentan con Andrade.

Era de esperarse. El jinete caraqueño de 23 años de edad perdió todos sus caballos, que estaban entre las propiedades confiscadas a su padre (Alejandro Andrade) por el gobierno estadounidense. Los 14 ejemplares fueron subastados en 2,4 millones de dólares.

Hardrock Z, con el que Andrade compitió en Río 2016 y los World Equestrian Games en 2014, fue vendido en 282.000 dólares.

Y este fin de semana su nombre volvió a la palestra por una denuncia del diario El Tiempo de Bogotá.

“Agentes de inteligencia empezaron a recibir información de que Emanuel estaba en Bogotá intentando hacer negocios”, dice la publicación de El Tiempo.

“Se verifica si es verdad que a pesar de no tener visa de inversionista o de trabajo, estaría intentando comprar caballos y entrenarlos, y hasta negociando terrenos para hacer un hipódromo en La Caro”, agrega el diario colombiano.

El medio señala que quien alertó de la situación fueron personas ligadas al deporte ecuestre colombiano y que el director de Coldeportes (el máximo ente deportivo de ese país, similar al IND) quiere que se investigue.

“El director de Coldeportes, Ernesto Lucena, pedirá a la Federación Ecuestre –basado en la figura de inspección, vigilancia y control– que le confirme si el hijo de quien pasó de ser escolta de Chávez a tesorero de Venezuela, y presidente de su Banco de Desarrollo, ha solicitado ingreso formal”, dice el texto.

Andrade no tiene visa de inversionista ni de trabajo y en Colombia preocupa el origen de los fondos con los que aspira a hacer negocios.


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