El gobierno de Venezuela solicitó hoy a la Organización Mundial del Comercio (OMC), con sede en Ginebra, iniciar consultas con EE UU en relación con determinadas sanciones económicas del gobierno de Donald Trump contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro.
Con esta solicitud se inicia formalmente un procedimiento de solución de contenciosos en el seno de la OMC, ya que si pasados 60 días los implicados no pueden resolver sus diferencias mediante consultas el reclamante puede pedir la formación de un grupo especial para dirimir la disputa.
Venezuela argumenta que algunas leyes y normas de EE UU relativas a los bienes de origen venezolano, la solvencia de la deuda pública del país suramericano o las transacciones en petros, entre otros aspectos, son incompatibles con los acuerdos internacionales de comercio de productos y servicios.
Entre las medidas que Venezuela quiere debatir en el seno de la OMC figuran el decreto presidencial con el que se prohibió toda transacción financiera con origen en Estados Unidos relacionada con el petro o el que impide al gobierno de Maduro la venta o la garantía de determinados activos financieros venezolanos.
También la medida que bloquea las propiedades bajo la jurisdicción estadounidense y prohíbe a nacionales de EE UU a realizar transacciones con cuatro personas del entorno del presidente Maduro, entre ellas su esposa Cilia Flores.