El presidente Nicolás Maduro prometió derrotar las sanciones de Estados Unidos, país al que acusó de orquestar una conspiración por la cual fue detenido un número indeterminado de militares.
Tras jurar como mandatario «reelecto» ante la asamblea nacional constituyente, Maduro presidió una ceremonia donde la Fuerza Armada le ratificó «lealtad absoluta”. Ante la cúpula castrense, el gobernante anunció el arresto de un grupo de militares -cuyo rango y número no precisó- por supuestamente conspirar bajo órdenes de EE UU y Colombia para que “se suspendieran las elecciones” del domingo, boicoteadas por la oposición y desconocidas por Washington y varios países latinoamericanos.
“Están convictos y confesos, todos los responsables de haberse vendido (…) para que traicionaran el honor, la moral y la lealtad de nuestra amada Fuerza Armada”, afirmó. La ONG Foro Penal había informado de la captura de 12 militares en los últimos días.
La Fuerza Armada, considerada el principal sostén de Maduro, adquirió enorme poder político y económico durante este gobierno, controlando sectores estratégicos como alimentación y petróleo.
Más temprano, al juramentarse ante la constituyente para un segundo mandato que iniciará en enero de 2019, el presidente prometió corregir el rumbo económico ante la grave crisis.
El gobernante socialista, de 55 años, admitió allí que las sanciones impuestas por Washington tras su reelección traerán más dificultades al país petrolero, pues impiden conseguir recursos y “hacer las importaciones necesarias”. “Nos van a crear graves dificultades, dolorosas dificultades, que vamos a enfrentar paulatinamente, las vamos a derrotar”, aseveró. Venezuela vive la peor crisis de su historia reciente: hiperinflación, escasez de comida y medicinas, caída brutal de la economía y de la producción de crudo a su nivel más bajo en tres décadas: 1,5 millones de barriles diarios frente a 3,2 millones de 2008.
“Hace falta una rectificación profunda. No estamos haciendo las cosas bien”, reconoció Maduro. El mandatario, en el poder desde 2013, ordenó a su ministro de petróleo y presidente de la petrolera Pdvsa general Manuel Quevedo, pedir apoyo a la OPEP, Rusia, China y países árabes para aumentar la producción diaria en un millón de barriles.
También ofreció liberar a opositores presos que no hayan cometido crímenes graves, para “superar las heridas” de las protestas en su contra, que dejaron unos 200 muertos desde 2014.
“Vamos a salir adelante”
Con una abstención récord de 54%, Maduro se impuso con 68% de los votos contra 21% del exchavista Henri Falcón, quien se postuló a contravía de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y luego desconoció los resultados. Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima (Canadá y 13 países de América Latina y el Caribe) rechazaron la elección por considerar que no fue libre ni transparente.
Apenas proclamado Maduro presidente, Donald Trump aprobó el lunes un decreto que prohíbe a los estadounidenses comprar activos y cuentas por pagar del país sudamericano y de PDVSA, complicando el acceso a recursos. En represalia, Caracas expulsó a los dos mayores representantes de EE UU en Venezuela -carecen de embajadores desde 2010-, y Washington hizo lo propio.
Estados Unidos, que compra un tercio del crudo venezolano, ya había prohibido a sus ciudadanos negociar deuda nueva de Venezuela y de Pdvsa, en default parcial, y amenaza con un embargo petrolero. “Cualquier sanción, incluidas las más leves, representará un inconveniente para Pdvsa que reducirá aún más su flujo de caja”, estimó Eurasia Group.
La UE, Estados Unidos y Canadá sancionaron a decenas de jerarcas venezolanos. En la lista de Washington figuran incluso Maduro y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. El Grupo de Lima llamó a consultas a sus embajadores en Venezuela y acordó actuar para bloquear fondos internacionales destinados a Caracas.
En busca de legitimidad
Todos los cargos de elección popular deben subordinarse a la Constituyente, pero su presidenta, Delcy Rodríguez, quien juramentó a Maduro, leyó un decreto según el cual, además de este acto, se realizará la investidura el 10 de enero. La MUD rechazó la juramentación como “otro capítulo de la farsa con la que se ha pretendido expropiar a los venezolanos su derecho a elegir un nuevo presidente”, según un comunicado.
La Constitución de 1999, que está siendo reformada por la Constituyente, establece que el presidente electo debe posesionarse el 10 de enero ante el Parlamento. Pero el Legislativo, de mayoría opositora, fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia -de línea oficialista-, que considera nulas sus decisiones.
“Adelanta la juramentación porque no quiere dejar el vacío de aquí a enero. Necesita darse legitimidad”, declaró a la AFP el analista Luis Vicente León.