La Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia en el artículo 9 establece que el sistema de educación, a nivel básico y universitario, debe adoptar medidas para la construcción de una cultura de paz, de respeto a los derechos humanos y de convivencia pacífica. El secretario de la UCV, Amalio Belmonte, destacó que parte de la misión de las casas de estudios superiores ha sido formar para el respeto y la universalidad, así como para el debate permanente que implica el reconocimiento del otro.
Definió el instrumento aprobado por la ANC como sectario. “Proviene de una instancia ilegítima y no se consultó a todos los sectores del país. Con laLey contra el odio, el gobierno reconoce que ha incentivado la confrontación, reconoce que lleva 17 años haciéndolo. Este instrumento evidencia que ellos no han promovido valores para forjar una sociedad democrática a fin de evitar que el odio sea parte de ella; el gobierno ha fracasado en incentivar figuras para la convivencia entre los ciudadanos. En el fondo, la Ley contra el odio no está alejada de leyes fascistas como las de Nuremberg”, afirmó.
Belmonte puntualizó que en el primer plan de la patria, estructurado durante el mandato de Hugo Chávez, “se habla del fortalecimiento de la ética socialista. Este calificativo propicia valores que apuntan hacia la división y el odio”.
Añadió que el debate de ideas en las universidades del país activa la convivencia más allá de la ley aprobada por la ANC que fue promulgada la semana pasada.
Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, indicó que en la nueva ley se señala que las instituciones educativas deben establecer espacios para la convivencia; dijo que esto se cumple con los centros para la paz que la mayoría de las universidades tiene.
“El problema es que el gobierno presenta en la Ley contra el odio un discurso muy bonito y palabras hermosas cuando, en la práctica, impulsa los enfrentamientos. Ellos deben pasar por un proceso de autocrítica y comenzar por aplicarse la ley y, especialmente, a VTV. Con esta ley el objetivo es cerrar las puertas para la expresión ciudadana, inhibir cualquier crítica contra el Ejecutivo”, indicó.
El vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, José Ángel Ferreira, señaló: “No siento que en mi universidad se promueva el odio. Las universidades, especialmente las autónomas, son protestatarias por naturaleza, en ellas se discuten los extremos y los puntos intermedios, y se incentiva el diálogo sin dañar a nadie. Esto no implica que se nieguen los espacios del debate y de la paz, por el contrario, de hecho se estimulan constantemente”.
Ferreira señaló que no está claro el alcance de la nueva ley y manifestó preocupación por el tono del discurso que se exhibe en VTV y en los medios impresos del gobierno, así como en algunas universidades experimentales. “En los medios oficiales, salvo algunas excepciones, se exhiben ataques y descalificaciones no solo contra dirigentes políticos, sino también contra la Iglesia y otras instituciones”, añadió.
Brigadas. La Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia indica que el sistema de educación “debe garantizar que los centros e instituciones educativos sean espacios de y para la paz, diversidad, tolerancia, igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria”. En ella se instruye a los ministerios de Educación Básica y Educación Universitaria para adoptar medidas como la inclusión, dentro de los programas, de un eje transversal de formación para la construcción de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos; se exige orientar las normas de convivencia para garantizar el reconocimiento de la paz y erradicar la violencia política, los odios y las intolerancias; se incentiva el desarrollo de medios alternativos en los centros de educación para la resolución de conflictos, y la creación de brigadas estudiantiles de paz y convivencia.