Tras la sorpresiva convocatoria de Nicolás Maduro a una «constituyente comunista» que borre todo vestigio de democracia de las normas públicas de Venezuela, la oposición, a través de la Mesa de la Unidad Democrática, ha calificado como una «rebeldía democrática» este nuevo y autoritario intento de transformar el país en otra Cuba.
La tan repentina y grave iniciativa del oficialismo se pone en marcha cuando las encuestas señalan que el 85 por ciento de los venezolanos rechaza explícitamente ese proyecto, al cabo de 74 días de ininterrumpidas y sangrientas protestas callejeras en todo el territorio, convencido de que no resulta necesario abandonar la Constitución vigente.
En el marco de esas protestas, 221 agresiones a periodistas de todas partes del mundo que cubren la delicada situación confirman que en Venezuela no se respeta la libertad de opinión.
Maduro advierte que su futuro inmediato está ya seriamente comprometido. Por eso, propone una reforma constitucional radical que transforme a Venezuela en un país no democrático y manifiesta que «el proceso constituyente es irreversible» y que es «el único camino que tenemos». «Constituyente o muerte», arenga.
Mientras tanto, la fiscal general de la república, Luisa Ortega, impugnó por nula la convocatoria a una Constituyente. Como era de esperar, el Tribunal Supremo de Justicia, que es adicto a Maduro y está muy lejos de ser independiente, decidió no hacer lugar a la acción referida, mientras el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, trató de «indigna» a la referida funcionaria. Por su parte, Ortega expresó su denodado temor a represalias contra ella y su familia.
Es evidente que todas las maniobras de forcejeo institucional no calman ni solucionan la angustia del pueblo venezolano, víctima del cercenamiento de sus libertades esenciales, hostigado, reprimido, sumergido en la escasez y golpeado por una agobiante inflación que, al cierre del mes de mayo, era ya del 127,8 por ciento.
Ante este panorama se oyen voces de preocupación. La del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski; la de nuestro presidente, Mauricio Macri, y la de la propia Conferencia Episcopal venezolana, que señala que la tirante situación solo conduce a la violencia.
No obstante, es indudable que para que haya diálogo debe haber buena fe en los interlocutores, claramente ausente en el cuestionado oficialismo venezolano. La marcha de los acontecimientos en ese país acrecienta la ansiedad interna y externa por el desarrollo futuro de los acontecimientos.