10 de cada 15 incautaciones que hacen los guardias de la Unidad Defensora del Espacio Público a vendedores informales en Santa Marta, tiene como responsable a ciudadanos venezolanos.
Por la carencia de empleo de los inmigrantes venezolanos en Colombia estos se han visto en la necesidad de acudir a las calles buscando generar ingresos a través de la venta informal, convirtiéndose en un nuevo problema que atender para las autoridades distritales.
En las principales avenidas y zonas céntricas de la ciudad, están por montón. Aunque se encubren entre los vendedores informales colombianos, su acento y manera peculiar de ofrecer productos y servicios, así como la insistencia que muestran para llamar la atención del transeúnte, hace fácil identificarlos.
Ellos, al igual que el comerciante nacional, corren en cuanto se ‘riega la bola’ de que habrá operativos por parte de la Secretaría de Gobierno del Distrito para recuperar el espacio público.
Muchas veces alcanzan a poner a salvo sus ventas ambulantes, otras no tienen la misma suerte y terminan siendo incautadas por parte de la UDEP, agravándose su situación económica, sin embargo, siempre se las ingenian y vuelven a la actividad que, pese a estar prohibida, es la única opción que vislumbran para subsistir lejos de su territorio de origen, donde cada días ven más difícil el retorno.
“En varias ocasiones hemos desalojado a vendedores venezolanos y días después en un nuevo operativo volvemos a tropezarnos con los mismos allí o en otra de los sectores que también han sido reconocidos como foco de proliferación de ventas informales”, manifestó el secretario de Gobierno de Santa Marta, Raúl Pacheco Granados.
El Centro Histórico y Mercado Público son las dos zonas de preferencia para los inmigrantes. Allí se ubican en carretillas, vitrinas y puestos estacionarios, donde ponen a la venta artículos, alimentos e incluso ofrecen servicios de belleza como peluquería, sacada de cejas, masajes entre otros.
La Unidad Defensora del Espacio Público realiza tomas de control de manera periódica, dentro de las cuales se han generado fuertes enfrentamientos contra los vendedores venezolanos y colombianos que se niegan a retirarse de los lugares invadidos.
“En algunas ocasiones agreden a los agentes de la UDEP o los amenazan con cuchillo, haciéndose necesario el apoyo de la policía para concluir el desalojo”, contó el funcionario.
Detrás de la propagación de ventas informales con venezolanos como protagonistas, existen empresarios y grandes comerciantes colombianos.
El secretario de gobierno asegura que hay personas que son dueños de hasta 20 puestos de comidas y productos, que para operarlos contrata a inmigrantes, ofreciéndoles desde 15 mil pesos para que laboren agravando la problemática de espacio público de Santa Marta.
“Estas personas le quitan los documentos al venezolano y se los devuelven hasta el final del día cuando regresan con el producido del día y les pagan por lo laborado”, expresó el funcionario.
La oficina de coordinación departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, indicó que en el distrito de Santa Marta y el municipio de Ciénaga, a la fecha, más de 4.400 venezolanos se han inscrito en el Registro Administrativo de inmigrantes, con el cual se busca ampliar la información sobre la migración de venezolanos en el país.