La Fiscalía de Colombia realizó una operación contra las redes de trata de personas y proxenetas en Cartagena, donde encontraron a 49 mujeres que eran sometidas a tratos crueles y obligadas a ofrecer servicios sexuales.
La operación se concentró en tres establecimientos nocturnos ubicados en el sector conocido como Bomba El Amparo y allí se detectó la existencia de una modalidad de trata de personas interna, en la que jóvenes, especialmente venezolanas, eran convencidas de viajar a Cartagena con ofertas tentadoras de trabajo, cuando en realidad eran obligadas a prostituirse.
Del total de mujeres, 23 eran de nacionalidad venezolana y estaban indocumentadas. Quedaron a disposición de Migración Colombia para verificar su ingreso al país y realizar los trámites administrativos de ley.
«Estas mujeres fueron rescatadas del dominio y la intimidación de una presunta organización de proxenetismo que las mantenía en hospedajes ubicados en sótanos y precarias condiciones, les proveía una alimentación inadecuada, les retenía cédulas y pasaportes para tener control sobre sus movimientos, las explotaba sexualmente y la mayor parte de los recursos obtenidos eran tomados por la misma red, a título de ‘cobro’, por el alojamiento y manutención», señaló la Fiscalía.
En los documentos aparecen frente a cada nombre de la víctima los valores que adeudaban a sus captores, así como supuestas multas por el aparente incumplimiento de las restricciones impuestas por los criminales, además está detallado el promedio de servicios sexuales que debían cumplir en cada jornada las víctimas.
“Se están ubicando los proxenetas cabecillas y tratantes que enfrentarán los delitos de trata de personas y esclavitud sexual porque allí fueron halladas estas mujeres, entre ellas 23 venezolanas, a las que habían despojado de sus documentos y eran obligadas a prestar servicios sexuales allí mismo en los sótanos”, señaló el Fiscal Mario Gómez, Fiscal Delgado contra la Violencia de Niños y Niñas.
Ahora las investigaciones se centran en ubicar y judicializar a los integrantes de la organización que cumplían distintos roles, desde el reclutamiento de las mujeres hasta su control y amedrentamiento que les impedía escapar.
Asimismo, se anunció que se iniciarán los procedimientos de extinción del derecho de dominio de los inmuebles utilizados para estas actividades ilegales.
En uno de los locales se encontró un pasillo secreto que comunicaba a dos de los establecimientos y, al parecer, era utilizado por clientes y mujeres para encuentros sexuales o evadir la intervención de las autoridades.