La estabilidad fronteriza entre Colombia y Venezuela, que se había conseguido en los últimos cuatro años con la reapertura del tránsito peatonal y el esquema de regularización del paso migratorio, sufrió la semana pasada un fuerte revés desde el último cierre ocurrido en agosto de 2015.
El rifirrafe entre los dirigentes oficialistas y la oposición por la fallida operación de ingresar a Venezuela toneladas de donaciones, en su mayoría, de Estados Unidos, desató el pasado fin de semana una estela de violencia sin precedentes en la zona de frontera, que dejó más de 300 heridos y provocó un bloqueo indefinido del eje divisorio, ordenado por el gobierno de Iván Duque y Nicolás Maduro.
La medida rompe con la cadena de progreso en temas económicos y de asistencia humanitaria, que se empezaba a percibir en este territorio binacional.
Después de 10 días de la restricción, el balance es negativo: el comercio en Cúcuta y su área metropolitana se paralizó, mientras el flujo de venezolanos transcurre como ríos humanos por las más de cien trochas, que controlan los grupos al margen de la ley.
“Hay una gran preocupación entre los gremios porque se tenía un mercado de más de 35.000 compradores, que mucho o poco mantenían una estabilidad en ventas. Por eso la recuperación de la economía, entre noviembre y diciembre, fue especial y no la veíamos desde 2015. Lo mejor para la región es que el gobierno nacional no tome la decisión de cerrar la frontera”, criticó César Rojas, alcalde de Cúcuta.
De acuerdo con la Asociación de Supermercados Independiente de Cúcuta (Asicuc), cerca de los puentes internacionales Simón Bolívar – entre Villa del Rosario y San Antonio- y Francisco de Paula Santander –entre Cúcuta y Ureña-, hay un promedio de 700 locales comerciales que permanecen cerrados.
Asimismo, las transacciones en la mayoría de las 260 casas de cambio, existentes en esta zona de frontera, han sufrido una reducción de 40%, mientras que los transportadores de carga no pueden despachar sus mercancías.
Pero más allá de este panorama económico, hay un tejido social que carga con la peor parte de este cierre fronterizo. Unos 4.000 niños, residentes en las poblaciones venezolanas de San Antonio y Ureña, perdieron una semana de clases al no poder cruzar el límite para llegar a sus colegios, en Cúcuta y su área metropolitana.
Pacientes con hipertensión, diabetes o cáncer tampoco pudieron acceder a sus tratamientos en el lado colombiano de la frontera, a pesar del insistente llamado de la Defensa Civil de Colombia de acordar la apertura de un canal humanitario con los militares venezolanos, con el propósito de recibir a estos enfermos.
“A través del Puesto de Mando Unificado se tiene trazado un plan de contingencia, que se debe ejecutar con el apoyo de todas las instituciones para mitigar la problemática, sobre todo en asistencia humanitaria, que demanda la población venezolana”, precisó Edgar Pallares, secretario de gobierno de Norte de Santander.
Para otros miles de extranjeros, este cierre no ha sido un impedimento para llegar a sus destinos. El 27 de febrero, Migración Colombia empezó a sellar pasaporte de los venezolanos sin exigir el timbre legal de salida de su país, lo que estimuló el paso irregular por trochas de estos extranjeros. En un día de la medida se atendieron un promedio de 3.000 ciudadanos.
Luciana Pérez, una joven venezolana, de 19 años de edad, fue una de estas migrantes que viajaba a Lima, Perú, para reencontrarse con su novio.
Hace una semana había planeado este viaje y ella creyó que el bloqueo limítrofe se convertiría en un obstáculo para lograr su cometido. Sin embargo, logró internarse por uno de estos ‘agujeros negros’ pagando 20.000 pesos, y pudo llegar a Colombia y realizar con éxito el correspondiente trámite de sellado.
“Es muy lamentable este cierre, porque la única vía de escape era por esta parte y ahora está bloqueada. En mi país no se consigue nada, el dinero no alcanza y las oportunidades de vida se reducen a cero. Yo pensaba volver, pero ahora, creo que me voy a quedar del todo en Lima”, contó la migrantes, quien abandonó sus estudios universitarios y su trabajo en una tienda para emigrar.
A mitad de semana, Nicolás Maduro ejecutó una serie de maniobras para robustecer el cerco de contenedores, bloques de cemento y carros cisterna, que fue instalado en la mitad de los cuatro puentes internacionales -Tienditas, Simón Bolívar, La Unión y Francisco de Paula Santander-, para imposibilitar el paso.
Luego de este hecho, Migración Colombia expresó su preocupación por estas acciones sobre los cruces limítrofes, porque el sobrepeso de los obstáculos estaría poniendo en riesgo sus estructuras.
A medida que los dirigentes oficialistas fortalezcan estas barreras, la tensión sigue en su máximo nivel, lo que aleja aún más a estas naciones soldadas por 2.200 kilómetros de frontera, como lo sugiere Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso.
“La gravedad de todo esto se incrementa por los hechos de violencia que se vienen presentando y que se aumentaron después de 23 de febrero, con la ‘operación humanitaria’ (…) Muchas de estas situaciones ocurren con la anuencia y la participación de servidores públicos, agentes del Estado y funcionarios de Migración Colombia. Esto es jugar con candela y lo que se está permitiendo es que la frontera se vuelva un corredor de más violencia”, indicó el congresista.
Entretanto, el procurador Fernando Carillo se desplazó a este sector limítrofe para expresar la urgencia por la habilitación de un corredor humanitaria, que mitigue la crisis social y distensiones los ánimos entre ambos gobiernos.
“Estas crisis se llevan por delante a los más vulnerables, a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores. Lo que es claro es que hay un problema humanitaria y hay que revisar desde el plano internacional como se pone en marcha un canal para responder a estas necesidades”, aseveró este funcionario.