Aunque países como Brasil y Estados Unidos y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, han apoyado abiertamente la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) y su presidente, Juan Guaidó, de «asumir las competencias para conformación de un gobierno de transición», Nicolás Maduro mantiene la teoría de que desde afuera se busca minar la soberanía de su país y parece indiferente ante lo que analistas han considerado como un desafío.
Justo este martes, la Asamblea Nacional declaró como «usurpador de la presidencia» a Maduro y aprobó amnistía para los civiles y militares que «colaboren en la restitución del orden constitucional».
La declaración llegó dos días después de que Guaidó fue detenido brevemente por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) este domingo, cuando iba camino al estado de Vargas para un cabildo abierto. Mientras Maduro y su gobierno se desmarcaron del hecho y prometieron que castigarán con «mano de hierro» la traición de funcionarios, el presidente del parlamento afirmó que su corta detención muestra el «desespero» del régimen, que ha tildado de «inmaduro» el actuar de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, esta postura de Maduro parece «suave», si se tiene en cuenta que en el pasado su gobierno ha castigado a los líderes opositores que lo han desafiado, como el líder de Voluntad Popular Leopoldo López, que fue condenado a 13 años y nueve meses de cárcel por las protestas del 2014, y el excandidato a la presidencia Henrique Capriles, que fue inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos.
La pregunta es por qué Guaidó no ha corrido con la misma suerte. Analistas estiman que la postura del gobierno tiene que ver una estrategia política que le permita aparentar un orden interno en Venezuela.
«Maduro se está cuidando en el terreno internacional. Por ejemplo, la declaración del Grupo de Lima, que califica como «ilegítimo» su gobierno, afecta directamente la intención del régimen y él trata de minimizar lo que está sucediendo » para terminar su segundo mandato, que va hasta el 2025, afirmó Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
«En esta lógica cuida el ‘status quo’ y, siguiendo la estrategia que utilizó el ex presidente Hugo Chávez, deja dilatar los momentos de mayor efervescencia de la oposición hasta que esta se agote», agregó el analista.
Sin embargo, aún está sobre la mesa la posibilidad de que Guaidó corra la misma suerte de los otros líderes opositores y termine en prisión. Ya desde el mismo régimen, la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, anunció que le tenía al presidente de la Asamblea Nacional una celda lista.
Además, algunos miembros de la oficialista asamblea nacional constituyente han planteado la opción de que el parlamento sea cerrado. Pero esta alternativa podría jugar en contra del mismo Maduro, pues la AN es la única institución elegida democráticamente reconocida a nivel internacional.
Rodríguez asegura que la movilización del 23 de enero convocada por Guaidó, día en el que se conmemora la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, será clave para la oposición, para el presidente de la AN y para lo que podría ser la transición en Venezuela. “Guaidó está apostándole a la movilización como elemento de presión interna porque, finalmente, esta es la que hace que las dictaduras caigan y es el terreno oposición estaba completamente desconectada desde el año pasado”, afirma Rodríguez.
Justo para ese día, el chavismo convocó una marcha con el fin de “recordarle al mundo que a Venezuela no se le vuelve a traicionar”, dijo el presidente de la anc, Diosdado Cabello en rueda de prensa.