La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez César San Martín, evaluará hoy el requerimiento de extradición activa contra el prófugo ex presidente Alejandro Toledo.
El expediente –que tiene 63 páginas– fue enviado hace dos semanas por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien ordenó 18 meses de prisión preventiva para el ex mandatario por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht.
En esta audiencia, la fiscalía suprema sustentará el requerimiento de extradición activa a Estados Unidos. La defensa de Toledo la ejercerán los abogados Roberto Su y Pascual Valverde.
El tribunal supremo deberá decidir si devuelve el expediente al juez o lo aprueba y envía a la Presidencia del Consejo de Ministros. De ser así, será remitido a Estados Unidos. La sala suprema tiene un plazo de cinco días para tomar la decisión.
La imputación principal contra Toledo es por la presunta comisión de lavado de activos. El juez Concepción envió más de diez elementos de convicción en su requerimiento y la ruta del dinero para sustentar no solo ese delito, sino también tráfico de influencias y colusión.
Para probar que Toledo prometió a Jorge Barata favorecer a Odebrecht en la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, el juez presentó el registro de visitas al despacho presidencial que acredita las reuniones entre el ex mandatario y el ex jefe de la constructora en el Perú, así como el movimiento migratorio de Toledo. En este reporte, figura el viaje a Río de Janeiro, donde se reunió con Barata.
Composición: El Comercio
La declaración del brasileño como aspirante a colaborador eficaz es uno de los elementos de convicción por este delito.
Según el juez, se acreditó el delito de colusión con los hechos ejecutados por Alejandro Toledo que favorecieron a Odebrecht y que evidencian que hubo un acuerdo previo con Barata. De acuerdo al magistrado, entre estos están los nombramientos de Sergio Bravo Orellana y Alberto Pascó-Font en el comité de Pro Inversión. Los ex funcionarios son investigados por la fiscalía.
Como parte de las pruebas, han sido incluidos el decreto supremo que excluye a la Interoceánica del SNIP y la Ley 28670, que declaró de necesidad pública esa carretera.
Las pruebas del lavado
La declaración de Josef Maiman como aspirante a colaborador eficaz y los documentos de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht son los principales elementos para probar que hubo lavado de activos.
El magistrado señaló que con las confesiones de Maiman –que fueron en febrero y en setiembre del 2017– se corroboró el relato de Barata y se confirmó que Toledo utilizó las compañías del empresario peruano-israelí para lavar el dinero ilícito que recibió de Odebrecht por actos de corrupción, que suma más de US$27 millones.
El juez también indicó que esas declaraciones acreditan que Alejandro Toledo no solo dirigió la recepción del dinero y las transferencias, sino también que “actuó sabiendo que el dinero era de origen ilícito”.