Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, el ataque del jueves en horas de la tarde, que fue perpetrado desde territorio venezolano, contra un grupo de policías en una zona aledaña al puente internacional Simón Bolívar, es una prueba más de la «anarquía criminal» que impera en esta franja del límite entre Colombia y Venezuela.
La falta de un triángulo de poder sobre las estructuras armadas que operan en esta área rural del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), sería el detonante, según la Fundación Porgresar, de un enconado enfrentamiento entre estos delincuentes por ostentar el mando de las principales rutas del contrabando y la droga, que sumadas todas alcanzarían una longitud de 143 kilómetros.
Aunque la reciente arremetida armada contra estos policías no dejó víctimas fatales, ni heridos, el intercambio de disparos sembró un clima de pánico entre las miles de personas que a diario usan este paso terrestre para moverse entre las naciones vecinas. Este último hecho violento, a pocos días de las elecciones regionales en Venezuela, es el enfrentamiento número 12 que se ha registrado en los últimos tres meses, dejando una mujer venezolana muerta y tres personas heridas.
“Todo esto junto ha llevado a lo que se viene registrando este año, y no solo en lo relacionado con los enfrentamientos sino con otros hechos como homicidios, desapariciones forzadas y secuestros cometidos sobre todo por el Ejército Paramilitar de Norte de Santander, liderado por alias Cochas”, precisó Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar.
De acuerdo con el defensor de derechos humanos, las balaceras que se están presentando a plena luz del día y en medio de la población civil, se ejercen dentro de una disputa territorial entre los Rastrojos, el clan del Golfo, el autodenominado Ejército Paramilitar de Norte de Santander (Epn) y el frente Germán Velasco Villamizar del Eln, para ejercer el control de los pasos irregulares o «trochas», por donde circulan los productos de contrabando, el comercio ilegal de armas y la droga del narcotráfico.
Ante los recurrentes enfrentamientos en este sector de la línea divisoria que han generado un clima de zozobra sobre este puente internacional, donde se concentra el 80 por ciento del movimiento migratorio que diariamente se registra entre ambos países, se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad integrado por más de 500 hombres de la Fuerza Pública colombiana, incluyendo el traslado del Comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Para estas situaciones de inseguridad, que por lo general se originan en territorio del vecino país, la Cancillería de Colombia anunció su arribo a la capital nortesantandereana para el próximo martes, con el propósito de encabezar una reunión de alto nivel con la Fuerza Pública, en compañía de los ministros de Defensa y Turismo.