«Me pusieron una capucha en la cabeza y comenzaron a darme coñazos sin preguntar nada, sin discutir, durante dos o tres minutos. Cuando me sacaron la capucha tenía una pistola apuntándome. Uno de ellos dijo ?¡Dispárale!’. Apretó el gatillo, pero la pistola no estaba cargada». El relato del reportero polaco Tomasz Surdel es tan escalofriante como las magulladuras de su rostro.
El corresponsal de Gazeta Wyborcza, diario de mayor circulación de Polonia, vivió la noche del jueves, en primera persona, cómo actúan algunas fuerzas venezolanas contra los periodistas.
El reportero polaco regresó a finales de enero a Venezuela , país en el que vivió durante varios años, para cubrir la crisis política y social.
«Escribí un artículo sobre las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Imagino que ninguno de mis artículos le gusta al gobierno, pero no había tenido problemas hasta ahora», detalló.
Organizaciones de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y Provea, acusan a los agentes del FAES de haberse convertido en escuadrones de la muerte, luego de denunciar ejecuciones durante sus acciones en zonas populares del país.
Los golpes en contra de Surdel forman parte de la nueva arremetida contra periodistas y trabajadores de prensa, que se aceleró en enero con el desafío del Parlamento contra Nicolás Maduro y que coincide con la asfixia contra los pocos medios que sobreviven al cerco en el país.
La represión de la «artillería del pensamiento» chavista contra los medios incluye bloqueos de webs, redes sociales, redes VPN y hasta de YouTube o de audios Soundcloud durante los discursos de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, que son censurados en radio y televisión.
En los últimos días se sumó la detención durante 25 horas del periodista e influencer Luis Carlos Díaz, acusado de ser cómplice del «sabotaje eléctrico», además de la captura de Rafael González, chofer del equipo de CNN que después de 48 horas desaparecido pasó por los tribunales, acusado de conspiración y asociación para delinquir.
La semana pasada, el periodista estadounidense Cody Weddle también fue detenido por agentes de Contrainteligencia Militar, interrogado durante 12 horas y finalmente deportado, sin que se hubiera ofrecido ninguna información de los motivos hasta el momento.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) contabiliza 40 detenciones arbitrarias en lo que va del año, durante las cuales se realizaron interrogatorios «en condición de aislamiento o incomunicación».
«El gobierno no tiene límites y podemos esperar más ataques a los periodistas nacionales y extranjeros», advirtió Andrés Cañizález, director de Medianálisis.
Cada uno de los casos refleja el nivel de impunidad que sufren los periodistas en Venezuela, que también son hostigados por policías y paramilitares mientras realizan su trabajo. Otra de las estrategias del poder es señalar en sus medios, con nombres e imágenes, a periodistas y activistas de derechos humanos.
Así ocurrió con Luis Carlos Díaz, víctima de una fake news fabricada en la televisión estatal. Un video realizado por el periodista y por su pareja, la escritora Naky Soto, fue editado y manipulado para hacer parecer que el también activista digital vaticinaba el colapso eléctrico que estaba por llegar. Durante el allanamiento que se le realizó en su casa, los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) sustrajeron varias pertenencias así como los dólares que la pareja poseía para la operación de Soto, enferma oncológica. Díaz también fue golpeado con un casco y amenazado durante su detención.
El SNTP documentó «severas restricciones a la libertad de expresión en Venezuela durante 2019, incluida la descalificación pública de los periodistas y, en casos, la consecuente desaparición y/o detención de quienes han sido señalados».
«La represión va a recrudecer. El régimen necesita chivos expiatorios que le permitan sustentar su narrativa sobre lo ocurrido y, sobre todo, trasladar a terceros su clara responsabilidad de esta clara tragedia», sentenció Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal.