El 90 por ciento de los habitantes de La Guajira (unas 862.000 personas) consumen agua sin ningún tipo de tratamiento, lo que irremediablemente se traduce en enfermedades gastrointestinales, parásitos, y diarrea. Y para empeorar la situación, los afectados cargan con altos grados de desnutrición.
Esa impresionante radiografía está contenida en un informe de la ONG Dejusticia, que fue presentado ante la Corte Constitucional como parte del seguimiento a la crisis que se vive en la región desde hace años.
En lo corrido del año, según el Instituto Nacional de Salud, 12 personas han muerto por desnutrición en el departamento. El año pasado fueron 85.
Siete investigadores de Dejusticia recorrieron durante seis días el pueblo wayú, entre el 18 y 23 de febrero de este año. Visitaron las comunidades de Campo Alegre, en el municipio de Barrancas, Caicemapa y Caimito, en Distracción, y Loma Mato, ubicada en Hato Nuevo.
Tras ese recorrido, la ONG advierte que a pesar de los cientos de alertas y reiteradas advertencias que se han hecho sobre la crisis de La Guajira, se mantienen violaciones de derechos como el acceso al agua, a la alimentación, a la educación y la salud. Lo más crítico que encontraron los investigadores es que en ninguno de los lugares visitados, ni siquiera en los colegios, el agua apta para el consumo humano.
Por estos hechos, Dejusticia le pidió a la Corte declarar un estado de cosas inconstitucional por la crisis del agua y alimentación de los wayús. Piden que de manera inmediata se activen medidas de atención urgentes para garantizar alimentación, acceso a agua potable, atención en salud y seguridad.
César Rodríguez Garavito, director de la ONG y quien lideró la investigación, señaló que La Guajira ha sido un departamento olvidado por el Gobierno. “Existe una falla sistémica en la elaboración de políticas públicas que tiene que ver, en parte, con los programas de responsabilidad del Gobierno, y muchos que son responsabilidad de la región. Se necesita involucrar a la comunidad y poder superar la crisis”.
“La asistencia del Gobierno no se puede seguir dando por retazos. Hay que cambiar el modelo asistencialista, por aquellos que impulsen la promoción de la economía y la soberanía alimentaria”, indicó.