Los refuerzos policiales enviados por el gobierno español a Cataluña antes del referéndum de autodeterminación del primero de octubre, prohibido por la justicia, comenzaron a ser retirados ayer, indicó el Ministerio del Interior.
Los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegados a finales de septiembre en esta región del noreste de España, “se van a ir retirando de forma progresiva hasta el próximo sábado 30”, señaló un portavoz del ministerio. La fuente no precisó de cuántos efectivos se trata. El diario El País había calculado en unos 10.000 hombres estos refuerzos.
Pese a haber sido declarado inconstitucional, el referéndum del primero de octubre fue llevado a cabo por el gobierno independentista catalán, y estuvo marcado por la violencia de la policía que intentó incautar urnas en los colegios electorales.
Las imágenes dieron la vuelta al mundo y llevaron a los independentistas a denunciar la represión del gobierno central. Al menos 92 personas resultaron heridas, ante lo que el delegado del gobierno en la región, Enric Millo, se disculpó una semana más tarde.
Cataluña posee su propia fuerza de policía, los Mossos d’Esquadra, mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil cumplen un papel menor en la región.
Cataluña se mantiene bajo tutela del gobierno central desde el 27 de octubre, cuando el parlamento regional aprobó la declaración unilateral de independencia. Echando mano al artículo 155 de la Constitución, el gobierno central destituyó al ejecutivo regional, disolvió el parlamento de mayoría independentista y convocó elecciones anticipadas celebradas el pasado 21 de diciembre.
Los independentistas volvieron a obtener mayoría absoluta en la consulta y ahora deben intentar formar un nuevo gobierno. El gobierno de Mariano Rajoy asegura que el control de la región se levantará una vez que el nuevo ejecutivo sea investido por el parlamento.