El gobierno de España analiza las medidas concretas con las que se dispone intervenir la autonomía de Cataluña en respuesta al desafío independentista, una decisión que podría desembocar en elecciones regionales anticipadas a comienzos de 2018.
El presidente Mariano Rajoy afirmó en Bruselas que se ha “llegado a una situación límite”. Su equipo lleva días negociando con los socialistas, principal fuerza opositora, la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite intervenir total o parcialmente las competencias de una región para obligarla al cumplimiento forzoso de la legalidad.
Las medidas se precisarán hoy en un consejo de ministros extraordinario, y a partir de ese momento serán sometidas a final de mes a la aprobación del Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha amenazado con que si se aplica el artículo 155, el Parlamento regional podría proclamar unilateralmente la independencia, amparándose en el referéndum del 1 de octubre, que los separatistas afirman que ganaron.
¿Elecciones regionales?
El gobierno central está tomando su tiempo, y ayer envió a Puigdemont el mensaje de que todavía puede dar marcha atrás. “Hasta que se celebre el pleno del Senado, el señor Puigdemont puede rectificar, puede volver a la legalidad constitucional”, declaró a la radio Cadena SER Fernando Martínez-Maíllo, líder del Partido Popular. “Siempre que no proclame formalmente la independencia y dé marcha atrás en sus planes secesionistas, hay margen”, insistió.
Como vía de salida de la crisis, una opción que está ganando peso es la de un adelanto electoral en Cataluña, como expresó abiertamente el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo. “La lógica de este proceso terminará en unas elecciones, unas elecciones legalmente convocadas”, añadió.
La dirigente socialista Carmen Calvo, encargada de pactar las medidas constitucionales con el gobierno, confirmó informaciones de prensa según las cuales el jefe del Partido Socialista Español, Pedro Sánchez, está de acuerdo con Rajoy en que haya elecciones en enero. “Pedro Sánchez tiene absolutamente claro que esto es para llevar a Cataluña a unas elecciones”, indicó.
Los últimos comicios catalanes fueron el 27 de septiembre de 2015. Obtuvieron una mayoría de escaños los partidos separatistas, repartidos entre la actual coalición de gobierno Juntos por el Sí, y el partido anticapitalista CUP, que brinda a estos un apoyo esencial en la cámara.
El gobierno de Rajoy le ha dicho a Puigdemont que si llama a elecciones se parará el proceso de intervención de la autonomía. Aunque el Ejecutivo regional no quiere ese escenario por ahora, como recordó ayer el vicepresidente Oriol Junqueras.
Puigdemont en cualquier caso está bajo la presión contradictoria de Madrid y de los círculos empresariales, que le piden dar marcha atrás, y del ala dura del soberanismo, que le exige proclamar ya la República catalana para fortalecer su posición.
Los independentistas están movilizados
El Partido Demócrata Europeo Catalán y Esquerra Republicana de Catalunya, dos organizaciones de la coalición Junts pel Sí, consideran que desde hoy se sentirán liberados para levantar la suspensión de la declaración de independencia si el gobierno de Rajoy aplica el artículo 155 de la Constitución, publicó el diario El País.
Los secesionistas sostienen que Carles Puigdemont con su carta del jueves dio otra muestra de diálogo, pero afirman que el plazo se agotará con las medidas que anuncie La Moncloa. La Candidatura de Unidad Popular insiste en que se debe declarar la independencia cuanto antes.
Ayer muchos independentistas fueron a retirar dinero como gesto de protesta contra el gobierno español y los bancos, que trasladaron fuera de la región su sede social.
Joaquim Curbet, un editor de 58 años de edad, sacó del banco 155 euros, “una suma simbólica para protestar y presionar al gobierno español”.
También de forma simbólica, Roser Cobos retiró 1.714 euros, en referencia al año en que el rey Felipe V abolió las instituciones autónomas con las que hasta entonces contaba Cataluña.
El retiro del dinero fue promovido por la asociación independentista Òmnium Cultural. Su presidente Jordi Cuixart y el de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, están en prisión preventiva por un presunto delito de sedición.