La Fiscalía de España solicitó a la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que emita una orden europea de detención contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro ex consejeros del cesado gobierno que no acudieron ayer a declarar ante esa instancia y se encuentran en Bruselas. El ministerio pidió específicamente que las órdenes se dirijan a las autoridades de Bélgica, donde se encuentran los ex funcionarios.
En tanto, Lamela envió a prisión incondicional al ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y a otros siete ex consejeros por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos relacionados con el proceso que culminó el pasado 27 de septiembre con la declaración de independencia. Los hombres fueron enviados a la cárcel de Estremera y las mujeres a Alcalá-Meco.
La jueza, a petición de la Fiscalía, solo hizo una excepción a las órdenes de prisión incondicional contra todos los miembros del gobierno catalán destituidos el viernes pasado en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Se trata del ex consejero Santi Vila, que dimitió la víspera de la declaración de independencia. Él saldrá de la cárcel en cuanto deposite la fianza de 50.000 euros que le impuso la magistrada.
La decisión de enviar a prisión provisional a los ex consejeros se fundamenta en el riesgo de fuga; esto lo basa en el hecho de que “algunos querellados ya se han desplazado a otros países” para eludir “posibles responsabilidades penales”.
Jaume Alonso-Cuevillas, abogado defensor de varios de los ex consejeros, consideró insólita y desproporcionada la medida. Sin embargo, hizo un llamado a la sociedad catalana a mantener la calma y evitar episodios violentos.
Al Tribunal Supremo acudieron seis diputados catalanes, entre ellos, la presidente del Parlamento, Carme Forcadell. El juez aceptó la solicitud de la defensa de aplazar hasta el 9 de noviembre la declaración de los parlamentarios para preparar mejor su estrategia y ordenó su vigilancia policial.
“Es un golpe”. El ex presidente de Cataluña exigió la liberación de los ex funcionarios encarcelados. A través de un mensaje grabado transmitido por TV3, Puigdemont advirtió que el encarcelamiento de una parte de su gobierno “es un golpe contra las elecciones del 21 de diciembre, porque se tendrán que desarrollar en un clima sin precedentes en Europa y atenta contra la democracia”.
En su cuenta de Twitter escribió: “El legítimo gobierno de Cataluña encarcelado por sus ideas y por haber sido leales al mandato aprobado por el Parlamento de Cataluña”. En otro tuit añadió: “El clan furioso del 155 nos quiere en prisión. El clamor sereno de los catalanes es de libertad”.
Puigdemont ya había informado que no se presentaría a prestar su declaración ante la justicia española, donde está acusado de los delitos de rebelión, sedición y malversación, proceso abierto por la declaración de independencia de esa región de España.
Se trata de delitos muy graves que pueden acarrear hasta 30 años de cárcel. Puigdemont señaló en un comunicado que las citaciones se enmarcan en un sumario sin fundamento jurídico que solo busca castigar ideas. “No va a Madrid, he propuesto que lo interroguen aquí en Bélgica”, había anunciado a la televisión pública catalana TV3 el abogado belga del ex presidente catalán, Paul Bekaert.