Sociedad

60 fallos judiciales han intentado acabar con la autonomía en 6 años

Solo desde 2012 hasta 2015 se contabilizaron 43 sentencias del TSJ que interfieren en la dirección de asuntos académicos y electorales

TSJ

Con el amparo dictado el 2 de octubre por el Tribunal Superior 10° de lo Contencioso Administrativo, con el cual se eximió a los profesores de participar en los concursos de oposición y los concursos de  credenciales en las universidades autónomas, suman 60 las decisiones judiciales con los que se ha interferido sistemáticamente en los asuntos académicos y electorales de autoridades y profesores desde año 2011 y, en consecuencia, tratado de intervenir la autonomía universitaria, revela el informe Pensamiento bajo amenaza, presentado por la UCAB y la Unimet el martes pasado.

Las injerencias  judiciales, precisó la investigación, comenzaron en el año 2011 con la intervención de la Sala Electoral del TSJ que ordenó la suspensión de 10 elecciones de rectores y decanos en 9 distintas universidades autónomas públicas del país, entre las que se encuentran la UCV, Unexpo, UCLA, ULA, Universidad de Carabobo, e Institutos Pedagógicos de Caracas y Maracay.

Pese a la introducción de numerosos amparos para solicitar la nulidad de dichos efectos, desde la fecha las casas de estudios no reciben una respuesta favorable como lo ejemplifican los datos recabados a través del Servicio Jurídico de la ULA que precisa que 10 recursos en contra de la Universidad de los Andes fueron declarados procedentes mientras que 169 denuncias interpuestas por esta casa de estudios ante la Sala Electoral se mantienen a la espera de una decisión.

La suspensión de procesos electorales internos para escoger a las autoridades de gobierno y cogobierno que afectó inicialmente a la UCV y a la ULA para principios del 2011 se agravó en noviembre de ese mismo año, cuando la Sala Electoral ordenó la elaboración de un nuevo reglamento de elecciones universitarias sujeto a una única alternativa de gobierno regida por el voto igualitario de profesores, decanos, y personal obrero y administrativo.

 “Esta decisión, que impone a una universidad autónoma la forma cómo debe ser estructurado el sistema electoral para la elección de sus autoridades, constituye además una violación del artículo 109 de la Constitución, que reconoce a las universidades autónomas la facultad de darse sus normas de gobierno”, indica el texto que desde 2012 hasta mediados de 2015 contabiliza un total de 43 sentencias emitidas.

Para el año 2017 una situación irregular evidenció cómo el sometimiento de los jueces al Poder Ejecutivo influyó aún más en la toma de decisiones judiciales. En enero de este año el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo, a cargo de la jueza provisoria Morelba Herrera, suspendió la elección de coordinadores de posgrado y señaló públicamente que “la ULA va a llevar palo”.

Luego de que el tribunal ordenó recientemente la sentencia que desde el 2 de octubre permitirá a los docentes ingresar a la UCV sin presentar pruebas de conocimiento ni credenciales de trayectoria profesional con la paralización de los concursos de oposición, rectores y docentes esperan la publicación del fallo para apelar a la decisión ante la Corte Contencioso Administrativa.

Tags