Vicerrectores académicos de universidades públicas y privadas expresaron preocupación por el programa de asignación de becas para estudiantes de pregrado y posgrado, a través del carnet de la patria, como único requisito para la obtención del beneficio, según el anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro, el lunes pasado. Coincidieron en que no han recibido información oficial por parte del Ejecutivo.
Nicolás Bianco, vicerrector académico de la UCV, calificó de chantaje y de inconstitucional la medida que, a su juicio, convierte el otorgamiento de becas en “una demagogia barata”. “En la UCV no reconocemos otro documento que no sea la cédula de identidad y el carnet estudiantil. Los demás no tiene ningún valor”.
El médico especialista enfatizó que la medida constituye una violación a la autonomía universitaria consagrada en el artículo 109 de la Constitución nacional, el cual establece plena libertad de acción a las casas de educación superior. “La UCV tiene su Organización de Bienestar Estudiantil que funciona desde hace más de 40 años para asignar becas. Cualquier intento de instaurar el carnet de la patria es un chantaje y es inconstitucional. Lo rechazamos”.
Bianco aseguró, que la comunidad estudiantil democrática rechazará la implementación del carnet de la patria dentro de la universidad, por ser una medida que atenta contra la libertad académica y los principios constitucionales. Instó a los profesores a mantenerse en las aulas pese a las condiciones laborales, para defender los principios éticos y morales que rigen a la institución. “Hoy más que nunca debe existir un principio de solidaridad entre nosotros. No debemos abandonar las aulas”, dijo.
Mary Carmen Lombao, vicerrectora académica de la Universidad Metropolitana, enfatizó que el rectorado desconoce los procedimientos del plan de carnetización debido a que no han sido notificados por el Ministerio de Educación Universitaria. Puntualizó que aunque la iniciativa del Ejecutivo es positiva en beneficio de los estudiantes, es necesario respetar las normativas legales de cada universidad para el otorgamiento de las becas.
“Nos regimos por principios de ética, inclusión y calidad para evaluar cada caso. Si el Estado quiere contribuir nos parece positivo, pero hay políticas de requisito y es una competencia única de cada universidad”, señaló.
Magaly Vásquez, secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que las autoridades no han recibido ninguna información relacionada con el programa de asignación de becas anunciado por Maduro. “Ni por correo electrónico ni en físico se nos hizo llegar alguna indicación de cómo se implementaría ese mecanismo”.
La vocera destacó que la iniciativa de cooperación económica puede ser una valiosa ayuda para los estudiantes más necesitados, pero señaló que es fundamental que los entes encargados dispongan de información socioeconómica de cada institución. “Esos datos son necesarios si se van a hacer las cosas con seriedad y hace más de un año que no se nos hace llegar una solicitud para conocer este tipo de información”.
Vásquez expresó que es alarmante que el carnet de la patria pueda convertirse es una herramienta de discriminación para privar a los estudiantes de ciertos beneficios o servicios. “Nos preocupa el criterio con el que se va a manejar este programa y consideramos que debería ser algo voluntario no obligatorio”.
Sin carnet no hay becas
La creación del mecanismo de asignación de becas a través del carnet de la patria para estudiantes de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas, fue anunciada por el presidente Nicolás Maduro el lunes en la noche, durante la presentación del informe anual ante la ANC. “Con el sistema del carnet de la patria voy a establecer un nuevo sistema de apoyo y protección de todos los estudiantes de educación superior de universidades públicas o privadas, incluyendo los estudios de posgrado”, informó. Aunque no ofreció mayores detalles, el programa consiste en la realización de jornadas de carnetización dentro de cada institución de educación superior para censar a la población estudiantil que requiere el beneficio. La iniciativa formará parte de la ampliación de la política de protección social a través del cual se distribuirán bonos de ayuda económica a las embarazadas, las familias sin ingreso salarial, explicó una nota de prensa difundida a los medios.