En el que califica como “un avance” de su informe sobre el sistema educativo escolar y universitario venezolano 2017, Luis Bravo Jáuregui, director de la Línea de Investigación Memoria Educativa Venezolana de la UCV, evidencia en su diagnóstico que el ciclo de crecimiento de este sistema inaugurado en el año 1958 “ha terminado”, pues desde 2003 y con énfasis a partir de 2007, manifiesta “recesión y depresión”, dado que disminuyó la atención educativa y el Estado “hace muy poco o nada para superarlo”. No ocurre lo mismo con la iniciativa privada que mantiene su ascenso histórico tanto en matrícula como en financiamiento.
En el informe, que se basa en las memorias y discursos oficiales, se afirma que la “recesión-depresión” es ostensible en el descenso que sufre la matrícula en los primeros lustros de este siglo. En 2003, se observa una “crisis de estancamiento con signos de regresión”, a pesar de que incorpora a las misiones. Los números pueden ayudar a entender esta aseveración: en ese año, con una población de 25.553.504 de personas hay 10.651.645 inscritos en el sistema educativo nacional. En 2007, el país tiene 27.020.136 habitantes y hay 13.954.105 alumnos, es decir, apenas se ha experimentado un ligero aumento en 7 años. Luego empieza el decrecimiento que sigue su baja hasta 2016, año en que con una población de 31.028.637 personas se cuentan 10.541.845 estudiantes matriculados.
Estas cifras, entre otras, permiten deducir que “la exclusión escolar está en pleno crecimiento”. De este modo se ingresa en la fase de “depresión generalizada” entendida como “decaimiento del sistema educativo y la estructura tecnoburocrática que lo administra” debido a que el Ejecutivo y sus ministerios han “renunciado a atender” el problema de un crecimiento poblacional muy por encima de la inscripción escolar.
Al evaluar el financiamiento educativo se le considera insuficiente e inarticulado en relación con las necesidades tanto de la educación básica como universitaria y aparece la “sospecha” referida “a la honestidad con que se están administrando los dineros públicos destinados a la educación de todos”.
También se cuestiona el aparato de misiones: la “inclusión educativa” prometida por esas fórmulas refleja “imprecisiones” en el discurso oficial sobre sus verdaderos alcances. Además, se priorizan estas opciones sobre lo que acuerda la constitución en sus artículos 103 y 109, baluartes del sistema de derechos educativos.
“Estamos frente al ciclo más largo de decrecimiento del servicio educativo escolar que se conoce desde que la democracia se instaló como forma de gobernar e institucionalizar la convivencia social y los servicios culturales y sociales que presta el Estado”, refiere el informe en sus conclusiones.