La Secretaría de Educación del departamento colombiano del Norte de Santander informó que fueron dispuestos 10.000 nuevos cupos para niños venezolanos que decidan cursar estudios en la localidad fronteriza del país neogranadino, luego de señalar que hoy continuará el proceso de matriculación para el año escolar 2018.
Las instituciones educativas departamentales fueron instruidas para que admitan y den educación a los niños procedentes de Venezuela y “los padres de estos niños tienen un tiempo prudencial para que legalicen su situación migratoria en Colombia”, señaló Fabiola Cáceres, jefe de esa secretaría.
Explicó que los niños que no cuentan con los documentos requeridos ni las notas expedidas por la institución educativa venezolana donde cursó estudios, serán valorados a través de una prueba de validación de manera de ubicarlos en el grado a que corresponda. “Desde el gobierno departamental se están ofreciendo todas las garantías para que los niños y niñas puedan continuar con sus estudios escolares en cualquier centro educativo de la región”, señaló Cáceres.
Este anuncio se hace a menos de un mes de la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que declaró como no violatorio de los derechos fundamentales la exigencia de documentos a hijos de venezolanos que estén interesados en acceder al sistema educativo del país neogranadino.
La instancia judicial expresó que “si bien la educación es un derecho del que gozan niños y niñas, esta tiene una connotación de deber que impone obligaciones no solo al Estado, sino también a la familia y a la sociedad”. “Una de las cargas que deben asumir y cumplir los familiares es hacer entrega al plantel educativo de todos los documentos que la ley exige para legalizar la matrícula, dentro de los cuales se encuentran, en el caso de los menores extranjeros, la acreditación de la visa a estudiantes vigente o la prueba que demuestre la adquisición de la nacionalidad colombiana”, señaló la Corte Constitucional en un comunicado de fecha 17 de diciembre de 2017, luego de un proceso interpuesto por dos venezolanos que aspiraban a la condición de refugiados y quienes cuestionaron que a su hijo se le exigiera la visa estudiantil para formarse.
Ante este pronunciamiento de la Corte Constitucional, la gobernadora del Táchira Laidy Gómez, se reunió con su par de Norte de Santander, William Villamizar, para solicitar una prórroga de manera que los representantes de los niños pudieran reunir los documentos y presentarlos.