La inclusión de alumnos con discapacidad al subsistema de educación universitaria se ampara en un marco legal que establece que el Estado debe garantizar no solo su ingreso a las instituciones, sino su prosecución y egreso.
Las leyes refieren que las casas de estudio deben adaptar sus instalaciones para esta población así como adoptar recursos tecnológicos, aplicar adecuaciones curriculares, de evaluación y promover la formación de los docentes, entre otros aspectos.
Pese a que los especialistas reconocen un avance con la normativa en la materia, advierten que es necesario fortalecer las políticas públicas orientadas a que las personas con discapacidad vivan una experiencia universitaria en igualdad de oportunidades y de condiciones. Concuerdan en que, para ello, es primordial educar a la población y cambiar patrones discriminatorios.
Alejandro Blanco, estudiante de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, está en silla de ruedas y preside la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Facultad de Humanidades y Educación.
Relató que las principales barreras con las que se ha topado son arquitectónicas: falta de rampas para circular o baños no adecuados a su condición, por ejemplo. Sin embargo, consideró que el mayor obstáculo es actitudinal y compartió anécdotas sobre profesores que muestran resistencia frente a estudiantes con discapacidad. Narra dos casos.
“En una oportunidad una compañera con hipoacusia (grado de sordera) pidió a su profesor usar un micrófono porque tuvo que sentarse en la parte de atrás y le costaba oírlo. Él se negó”, dijo. Otro caso fue el de una alumna con movilidad reducida en los miembros superiores. El primer día de clase, una profesora al darse cuenta de que tendría que aplicar una evaluación distinta a la que acostumbraba le dijo: “No sé cómo voy a hacer contigo”.
También sabe de profesores que se han negado a dar clases en los salones de la planta baja, aunque sea la única alternativa para que un alumno en silla de ruedas pueda asistir porque en el edificio no hay rampas o ascensores, como en la Escuela de Comunicación Social y la de Educación en la UCV.
Blanco lamentó admitir que estas situaciones aún ocurran, también en casos de estudiantes con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista o Síndrome de Asperger. Cree que son muchos los docentes que piensan se debe enseñar y evaluar por un solo camino. “Un profesor debe ser un agente de cambio social, un aliado; el desconocimiento no puede ser una excusa”, argumentó.
Evaluar capacidades. Miguel Mendoza, presidente de la Comisión para el Apoyo del Estudiante con Discapacidad de la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la UCV, explicó que aunque el Ministerio de Educación Universitaria creó la figura de las Unidive –Unidades para la Igualdad y Equiparación de Oportunidades a Personas con Discapacidad en la Educación Universitaria–, el ente admitió el año pasado en una reunión que “dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se ha perdido el impulso para trabajar el tema”.
Cuestionó que en su momento las Unidive se limitaron a garantizar que los bachilleres obtuvieran el cupo en las universidades. Informó que, por ejemplo, la Comisión para la Integración de Ucevistas con Discapacidad quedó acéfala hace un año y recientemente han solicitado su reactivación.
“La idea es no dejar la responsabilidad solamente a las autoridades, no harán nada. Son las bases, estudiantes, profesores, sus familiares, los que deben presionar para que las universidades den respuesta sobre el asunto”, dijo.
Opina que las leyes vigentes han llegado solo a la meta de visualizar a un grupo minoritario de la población tradicionalmente excluido. Lamenta que sus colegas desconozcan los “Lineamientos sobre el pleno ejercicio del derecho a las personas con discapacidad a una educación superior de calidad”, establecidos en la resolución 2.417 de la Gaceta Oficial 38731, el 23 de julio de 2007, o que no hayan leído la Ley para Personas con Discapacidad aprobada un año antes.
Hace énfasis en que “los docentes deben evaluar al estudiante desde sus capacidades y no desde etiquetas o conceptos errados”. En este punto coincide la profesora Ana María Rojas, coordinadora nacional del Programa de Educación Especial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
La especialista también percibe que aún hay mucha resistencia de los profesores hacia esta población estudiantil e, incluso, lo comprobó a través de una investigación para un trabajo de ascenso.
Ratifica que hace falta mucha más formación y que si no es el profesor en el aula el que está capacitado, debe haber un personal calificado que esté disponible para apoyar en cómo debe abordarse a los estudiantes con alguna necesidad en particular. “El Estado no invierte lo suficiente en tener equipos multidisciplinarios en las universidades para este tema”.
Lourdes Montenegro, coordinadora del Programa de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que este se creó para dar respuesta institucional a esta población estudiantil.
Precisa que en este último semestre ingresaron a la UCAB 20 alumnos con alguna discapacidad y que parte del servicio es, precisamente, orientar a los profesores para que garanticen que reciba la clase y sea evaluado de acuerdo con sus capacidades, pero también resalta que es necesario evidenciar el compromiso que tiene el estudiante.
Montenegro señala que aún es necesario que exista mayor coordinación entre las universidades para promover sus experiencias positivas en la materia, así como trabajar en el deporte adaptado y la posterior inserción laboral.
Formación obligatoria
Existen seminarios para el abordaje pedagógico de estudiantes universitarios con estas condiciones, indica Juan Kujawa, profesor de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y especialista en Políticas Públicas sobre Discapacidad. Los dicta el Sistema Nacional de Formación Permanente del Docente Universitario del Ministerio de Educación Universitaria y también hay materiales de apoyo que se pueden descargar en la página web. Sin embargo, opinó que es necesario que la capacitación sea obligatoria para profesores que ingresan e incluso como requisito para ascender. Señaló que para la elaboración de los contenidos que se dictarán deben ser consultados aquellos docentes que se han especializado en el área.
Una fuente del ministerio explicó que el ente hizo un llamado a las universidades a incorporar esta materia en sus Planes Institucionales de Formación Permanente. Admitió que la política dirigida a garantizar el derecho de los alumnos con discapacidad a una educación universitaria de calidad quedó rezagada porque el equipo que asumió esas funciones se fue desintegrando y posteriormente no se le dio prioridad.
Añadió que entre 2004 y 2014 sí hubo una campaña importante de sensibilización en todos los estados del país.