Quizá por la costumbre de usurpar, porque le gusta el papel de escamoteador, de tahúr de la legalidad y de la honradez cívica, o porque la sociedad lo ha dejado, o no ha podido detenerlo todavía, el usurpador anuncia su intención de convocar elecciones parlamentarias. Si su ejercicio del poder carece de legalidad, si está reñido con los principios de alternabilidad y con los procedimientos para la selección de los poderes públicos establecidos por la Constitución, la propuesta que ha desembuchado de convocar elecciones parlamentarias fuera de lapso es una burla monumental, una bofetada a los hábitos republicanos que, pese a su deterioro, todavía pesan en la sensibilidad de los venezolanos.

Un individuo tan mal sentado en la silla presidencial, tan fuera de lugar en el papel de primer magistrado, capitán de piratas en la cumbre mal habida del poder, carece de los requisitos, aún de los elementales y mínimos, para modificar el lapso de una legislatura cuyo período ha sido determinado con firmeza por la carta magna. Ni en el supuesto negado de que ejerciera su administración partiendo de caminos inobjetables, estaría en las manos de un sujeto llamado Nicolás Maduro la posibilidad de trastocar el calendario que deben cumplir sin obstáculos los representantes del pueblo. La jurisprudencia habla de “períodos constitucionales resistentes” al referirse a gestiones como las de la Asamblea Nacional, cuyo comienzo y cuya terminación están libres del capricho del resto de los poderes públicos y de cualquier vicisitud que pretenda restringirlos o prolongarlos.

La Constitución solo abre el sendero para una única posibilidad de interferir el lapso parlamentario. Cuando la Cámara remueve al vicepresidente ejecutivo tres veces consecutivas mediante el procedimiento de mociones de censura, puede el jefe del Estado llegar al extremo de ordenar elecciones que conduzcan a la renovación del cuerpo legislativo. Es evidente que tal situación no se ha dado, entre otras cosas porque quizá ni siquiera los parlamentarios sepan de veras la identidad de tal funcionario, dadas su insignificancia y su falta de luz. También es evidente que el usurpador no ha consultado el libro azul para llegar a su temeraria proposición, tal vez porque se refiera a él como “la bicha”, inspirado en las palabras de su antecesor.

Acosado por los reclamos de la sociedad y por las presiones de las democracias extranjeras, el usurpador ofrece una carnada electoral que no lo toca, que lo deja apoltronado en Miraflores, pero que, en cierto modo, según calcula, según barrunta desde un interés personal, relaciona su gestión con procedimientos de elección popular que brillan por su ausencia, pero que se pueden disimular a través de la renovación de la legislatura vigente. Ningún pez morderá el anzuelo porque es demasiado burdo, demasiado fácil de descubrir desde la lejanía, tramposo como el que más en la ruleta de las trampas. Pero, como ha mirado hacia la parcela de las curules y de la soberanía popular, puede disolver la llamada asamblea nacional constituyente, su criatura malparida, su engendro, la negación de republicanismo venezolano. Sería un gesto digno de atención, una alternativa de adecentamiento que no está en los planes de su continuismo, pero que le sugerimos para que no cometa la estupidez de nombrar la soga en la casa del ahorcado.


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