Ayer la Asamblea Nacional (la verdadera y no la inventada) exigió al gobierno de Nicolás Maduro una “investigación seria, objetiva, imparcial y conclusiva” sobre los sucesos del sábado pasado, ocurridos en la avenida Bolívar durante los actos del aniversario de la Guardia Nacional. Los diputados señalan que con relación a lo ocurrido existe una “opacidad informativa”, lo cual es cierto porque hasta ahora lo que los venezolanos saben es muy poco, no solo sobre la realidad de los hechos sino acerca de las investigaciones que están en curso.
Los ciudadanos están hartos de tantas declaraciones oficiales y de vagas acusaciones contra el imperialismo, Colombia y la extrema derecha. Todo suena a mercancía vieja, con fecha vencida. La opinión pública está hasta la coronilla y pide que, como ocurre en cualquier país serio, se lleve adelante una investigación como debe ser y que, en vez de tanto secreto, se le comuniquen al país, por medio de un solo vocero autorizado, los avances de las pesquisas.
Si lo que asevera el gobierno tiene la relevancia que ellos le dan y si ya están identificados los autores materiales e intelectuales (el presidente Juan Manuel Santos, nada menos, según Nicolás Maduro), no se le encuentra explicación al silencio de la Cancillería venezolana, ni la intención de presentar la denuncia ante la Organización de Estados Americanos, como lo hizo el presidente Rómulo Betancourt cuando desde República Dominicana armaron el atentado ocurrido en Los Próceres que le causó graves heridas y le quitó la vida a un honesto oficial de las Fuerzas Armadas que fungía de edecán del jefe del Estado.
Todo esto es muy raro, y más raro aún que quienes tenían el deber de proteger a los representantes oficiales que acompañaban al señor Nicolás Maduro y a su esposa no hubieran prevenido que el escenario escogido era especialmente peligroso y difícil de vigilar. Todo esto viene a cuento porque ahora, luego de ocurrido los hechos, el alto mando del gobierno declara que ellos estaban al tanto de los movimientos previos de los supuestos terroristas, lo que, dicen, les permitió prácticamente capturarlos “in fraganti”, valga decir, con las manos en la masa, incluso a bordo del vehículo que habían usado para acercarse al desfile y operar los ya famosos drones.
Lo aconsejable, como se acostumbra en otros países, es mantener informada con mucha seriedad a la ciudadanía. Si ya los sospechosos están tras las rejas, si se dispone de pruebas para abrir un juicio, no tiene sentido alguno mantener en secreto lo averiguado y, salvando algunos aspectos, presentar un informe oficial lo más completo posible.
La gran mayoría del país comparte el contenido del comunicado dado a conocer ayer por la directiva de la Asamblea Nacional, en el cual se exige que “los resultados de esta investigación sean publicados a la brevedad, pues lamentablemente un régimen que usa la propaganda y la desinformación como método sistemático no tiene ninguna credibilidad de la opinión pública nacional e internacional”. Más adelante agrega que la “opacidad informativa genera mayor escepticismo en la ciudadanía”. Tienen toda la razón.