Parece que ahora está de moda hacer prisioneros a los militares y acusarlos de conspiración, de traición a la patria o de estar al servicio de intereses extranjeros, valga decir, a sueldo del imperio. La población no sabe a quién creer porque el señor Maduro y el ministro de la Defensa, general Padrino, han proclamado con fervor digno de mejores causas que las fuerzas armadas son leales al proyecto bolivariano y que, por lo demás, constituyen un baluarte inexpugnable a la hora de preservar el legado de Chávez.
Si algo estaba claro para la opinión pública era que el régimen de Maduro estaba fuertemente custodiado por los cuatro componentes que conforman nacionalmente la fuerza militar. En aquellos casos en que se producía un desacuerdo, de inmediato se alertaban a todos los medios a la disposición del oficialismo a que se etiquetara esa “anormalidad” como una simple diferencia de criterios entre los oficiales superiores, pero sin llegar al punto de calificar esos choques internos en la institución como una rebelión en forma y fondo.
Desde luego que esa actitud siempre colocó esos actos tan preocupantes como simples diferencias de criterio y nada más. La sociedad entendió pacientemente, y no podría ser de otra manera, cómo en las alturas del poder se estaban dirimiendo intereses de grupos y ello, en sí mismo, generaba luchas cada vez más enconadas por imponer un cambio y una respuesta ante la crisis económica y social que seguía creciendo como un tsunami amenazante en el horizonte de Venezuela.
Pero, a pesar de la intensa propaganda diseminada por el oficialismo, la realidad exigió que el gobierno se apartara de esa política destinada a negarlo todo y que, sin mayores posibilidades de modificar la matriz de opinión, tratara inútilmente de enmascarar lo que ya era un tema inevitable, un escenario que debía ser enfrentado más allá de lo que aconsejaban los asesores externos.
Lo cierto era que el tema castrense seguía siendo un campo minado y así lo entendieron los medios de comunicación y los líderes que opinaban sobre el “problema militar”. No era una tarea fácil como lo fue en el pasado, valga decir en la hoy reivindicada cuarta república, en el transcurso de la cual los debates sobre compra de armas, nombramientos inadecuados, en extremo torpes o regidos por causas personales o crematísticas de altas sumas dolarizadas, recorrían las páginas de los periódicos, de los programas de radio y televisión, sin que la cifra de oficiales presos alcanzara tan altas cuotas como ocurre hoy.
La sociedad se pregunta angustiada por qué todo está cambiando y qué es lo que realmente está ocurriendo al interior de la Fuerza Armada. Una respuesta de tal magnitud e importancia solo se puede responder si es posible saber la razón y los argumentos del oficialismo y de su cúpula civil y militar para actuar represivamente, como lo ha estado haciendo en las últimas semanas.
Hasta ahora las explicaciones oficiales resultan más que insuficientes y por ello generan, como es lógico, inquietud y desasosiego entre la población. La percepción de estabilidad y solidez del régimen está puesta en duda y eso, militarmente, no le conviene a nadie.