El TSJ establecido en el exilio, debido a la persecución de la dictadura, ha dado un paso que debe conducir a una urgente respuesta de la Asamblea Nacional. Como se sabe, los magistrados nacidos de la soberanía popular han votado el antejuicio de mérito de Nicolás Maduro partiendo de argumentos legales y de referencias abrumadoras sobre la pavorosa situación que experimenta Venezuela bajo el yugo del individuo a quien se pretende someter a la justicia. Estamos ante un caso insólito, pero también frente un acto de extraordinarias proporciones sobre el cual deben responder los parlamentarios legítimos.
Tarea difícil, desde luego, porque la solicitud de antejuicio proviene del voto de los magistrados a quienes la persecución de la dictadura ha echado del país y a quienes se ha impedido, por la fuerza, el ejercicio de sus funciones. El voto es de trascendental importancia, debido a que proviene de la voluntad de quienes tienen perfecto derecho de formularlo, pero no proviene de una institución aceptada en términos oficiales por los gobiernos democráticos del mundo, o de los principales de ellos. El TSJ del exilio no ha sido reconocido por la diplomacia internacional, que apenas ha aceptado, aunque no en la mayoría de los casos, la residencia formal de quienes deben integrarlo. De allí las trabas con las cuales debe topar un voto ajustado a principios esenciales de la vida republicana y a una beligerancia fundamental en el ámbito de los usos republicanos.
Seguramente la Asamblea Nacional se paseará por este detalle, que no es trivial, pero no puede soslayar un elemento previo que la obliga a una consideración cónsona con sus funciones de rescate de la institucionalidad más elemental en medio de un régimen que vive de la injusticia y de la ilegalidad. ¿Cuál es ese elemento? Los miembros del TSJ que ahora se encuentran en el extranjero fueron elegidos por los diputados que ahora deben atender la solicitud de antejuicio que los abruma, o que los debe abrumar. Son los hijos legítimos los que piden el cobijo de sus padres legítimos.
Las criaturas de la soberanía popular acuden a la representación medular de la soberanía popular para que los respalde en una decisión cargada de desafíos, pero esencialmente ajustada a los valores de la vida democrática de los cuales dependen ellos como ciudadanos y como representantes de una ciudadanía que los colocó en sus curules mediante un voto masivo y elocuente.
El caso conduce a problemas de procedimiento, a reflexiones propias de los problemas arduos, no en balde es un petitorio inusual, pero también a principios que lo anteceden y de los cuales depende la vida de la representación parlamentaria. Rara vez topa la Asamblea Nacional con un rompecabezas tan complicado y desconocido, pero no puede declarar la orfandad de unas hechuras fabricadas con seriedad y con cuidado en su seno. Los diputados deben pensar con la debida pausa, pero en términos republicanos. La perplejidad tiene sentido, pero necesita una respuesta satisfactoria.