Sí, que quede claro y que mientras más se repita mejor. La quiebra de la economía del país no se puede ocultar por más tiempo y denunciar esta realidad es, ni más ni menos, un deber patriótico; aunque desde la cúpula del poder civil y militar se empeñen en descalificar a quienes colocan primordialmente esta tragedia ante la luz pública.
No es poca cosa lo que está en juego. Hoy es la vida de un país en su adverso presente que, por desgracia, no produce siquiera una brizna de esperanza para imaginar un futuro mejor. Con la fuerza policial y el castigo militar se nos intenta sembrar sombras y miedos para que no se exprese en toda su intensidad nuestra rabia y frustración.
Se ha llegado al colmo de amenazar a la población con acusaciones gravísimas como la de traición a la patria por expresar de viva voz su descontento por el estado desastroso del país. Pero debemos recordarle al gobierno que quienes salen a la calle a protestar no se esconden, como sus esbirros o los colectivos del oficialismo, detrás de unas negras capuchas.
Como la población ha podido observar a tantos por los medios de comunicación como por las redes sociales, los manifestantes son trabajadores, profesionales de la salud, empleados de institutos y corporaciones del gobierno, enfermeras indignadas y valientes que dan la cara y no tienen miedo de expresar su rabia y su desdén por la forma en que el régimen de Nicolás Maduro está enfrentando erróneamente esta grave crisis sanitaria y laboral.
Lo significativo es que no son estudiantes o agitadores políticos, como piensan los organismos de seguridad del Estado, sino trabajadores, empleados y profesionales que no esconden su pasado chavista y así lo gritan a viva voz, pero que no están dispuestos a dar apoyo al madurismo y a sus políticas salariales de hambre y miseria.
Muy mal estaría el gobierno y su cohorte de civiles y militares si confunde este justo reclamo con una asonada golpista o algo por estilo. No hay nada que hilar en ese sentido y mucho menos de tratar de mezclar agua y aceite. Lo que está pasando en las calles es una expresión clara y contundente de que el plan de gobierno que lleva adelante Nicolás Maduro es rotundamente antipopular, que le causa daño a sus propios militantes y seguidores, que destruye lentamente los vínculos del PSUV con los sectores desposeídos.
Hasta ahora los manifestantes están exigiendo aumentos de salarios, mejores condiciones de transporte, atención médica adecuada, medicinas y alimentos no solo a precios módicos sino que, por encima de todo, se puedan conseguir con cierta facilidad.
Quieren que sus hijos vayan a una escuela que cuente con lo indispensable para impartir clases medianamente decentes y efectivas. Exigen que se les vacune y se les atienda cuando se enferman, que dispongan de uniformes y de útiles escolares. Estas exigencias tan elementales y sencillas, que en el pasado se recibían con cierta regularidad, hoy son inexistentes.
De manera que no le debe extrañar a nadie medianamente racional que las exigencias pacíficas de los manifestantes, si no se les presta la debida atención, pasarán en poco tiempo a los reclamos violentos. Lo conveniente es escuchar la voz del pueblo. Y hacerlo a tiempo.