Como era de esperarse, las elecciones presidenciales llevadas a cabo el domingo 20 de mayo pasado no recibió el apoyo entusiasta de la comunidad internacional. El hecho no sorprendió a nadie porque con suficiente anterioridad los gobiernos habían dejado muy claro que dudaban de las condiciones y garantías que amenazaban la transparencia del proceso electoral en Venezuela.

En consecuencia, nadie se hacía ilusiones en cuanto a las garantías reales que predominarían el 20-M, cuando los venezolanos acudieran a votar. Pretender que la Unión Europea comulgara con esas ruedas de molino no solo era una enorme estupidez, sino también un agravio a la inteligencia de los representantes del bloque.

Sucedió entonces lo esperado, es decir, la declaración oficial en la que se piden “elecciones democráticas” y se anuncian más sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Según un despacho de prensa de la agencia internacional Efe fechado en Bruselas, los “países de la Unión Europea  abogaron por presionar a Venezuela con más sanciones tras unas elecciones presidenciales que no consideran legítimas ni libres”.  Los ministros de Relaciones Exteriores, además, llegaron a un acuerdo político en el sentido de “adoptar nuevas medidas restrictivas contra Venezuela, con una ampliación de la lista de las personas ya sancionadas”.

Toda esta tormenta estaba anunciada y nadie en el gobierno de Nicolás Maduro se atrevió siquiera a dar un paso para atenuar las consecuencias de lo que iba a ocurrir. Pareciera que el único accionar que conocen en la Cancillería es el de negar y atacar “al enemigo” con argumentos ramplones que, de tanto escucharlos, ya cansan hasta a sus propios seguidores.

La ex canciller que, por lo visto, sigue guiando la política exterior tras bastidores, se le nota al rompe su afición al berrinche. En la primera oportunidad que se le presenta saca de su limitado vocabulario la palabra injerencista, a la que de tantos usos y abusos que le ha dado la ha convertido en una especie de camión del aseo urbano.

En el ya precitado despacho de prensa de la agencia Efe se anuncia la respuesta, mediante un comunicado, de la Cancillería bolivariana: “Venezuela repudia enérgicamente las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE (…) mediante las cuales pretenden cuestionar el proceso electoral venezolano del pasado 20 de mayo, donde resultó reelecto por amplia e incuestionable mayoría de votos el presidente Nicolás Maduro”.  Vaya, vaya, “por amplia e incuestionable mayoría de votos”, para que nadie tenga dudas al respecto.

Pero ese no es el punto fundamental del rechazo que formuló la Unión Europea, que luego de la reunión de los ministros de Exteriores consideró que los comicios del pasado 20 de mayo no fueron “legítimos ni libres” y que por tanto no eran “elecciones democráticas”.

En ningún momento la UE criticó la ventaja en votos lograda por el aspirante a la reelección, pues da lo mismo que ganara por escaso margen que por uno amplio. Pero para el gobierno venezolano la decisión “confirma la actitud injerencista y hostil de su Consejo de Asuntos Exteriores”. ¡Por fin apareció la palabrita!


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