El cambio de directiva en el seno de la Asamblea Nacional coincide con el inicio ilegítimo de la segunda administración de Nicolás Maduro. La representación popular estrena una conducción flamante, partiendo de acuerdos hechos por los partidos que la integran, mientras la dictadura pretende el inicio de su continuismo como consecuencia de una elección que no se realizó en términos legales, como producto de un puntapié propinado a la Constitución y a la honestidad ciudadana por una llamada asamblea nacional constituyente fraguada por el Ejecutivo con el propósito esencial de prolongar la vida de la dictadura.
Sobre la nueva directiva de la AN debe decirse que su ascenso estuvo precedido por una ola de rumores, propiciados por el oficialismo con el objeto de presentarla como producto de componendas, o como una escogencia ardua debido a los intereses bastardos de los partidos de la oposición que pretendían monopolios ventajistas y deshonrosos. Es tal la importancia de un cambio llevado a cabo sin sobresaltos y sin faltar a las reglas del juego, que los voceros de la dictadura ocuparon el tiempo y el dinero en tratar de desacreditarlo.
¿Qué esperaban los oficialistas de tales rumores? Aparte de insistir en la mala reputación de los diputados, anunciar la posibilidad de que, en medio de los empellones y entre trancas y barrancas, se asomaría un arreglo a través del cual la representación nacional se haría de la vista gorda ante la coronación tramposa de Maduro. Un laboratorio aceitado para aumentar las distancias entre los electores y quienes los representan en el Capitolio, otra olla para quemar políticos incómodos con la leña del alejamiento de la ciudadanía, pero cuya inconsistencia se comprobará con las decisiones que en breve tomarán ante el segundo capítulo que Maduro quiere estrenar sin incomodidad.
La AN desconocerá el nuevo mandato de Maduro, por razones obvias. Con la nueva directiva o con la anterior hubiera sucedido lo mismo por la raíz monstruosamente ilegal del período que pretende iniciarse, y porque los diputados, seguramente sin excepciones, estarán de acuerdo en topar con la manera de impedirlo. La AN se mantendrá en sus treces, sin lugar a dudas, mientras la dictadura hará maromas ante propios y extraños para que la sientan como algo tragable, como algo que se puede consumir sin vomitar.
El problema radica en impedir que las decisiones de los diputados no pasen en vano, que no sean lo que en términos taurinos se llama farol, es decir, adorno superfluo. La posición de los diputados puede correr el riesgo de perderse en las brumas más lejanas debido a la falta de apoyos que puede tener en una sociedad que reconoce la bastardía y la precariedad del nuevo mandato del dictador, pero que, a la vez, no ha tenido muestras palmarias del poder que pueden tener sobre la realidad nacional quienes la representan en las curules.
La conducta de la AN solo tendrá sentido si parte de contactos con otras fuerzas de la colectividad que puedan provocar conductas enfáticas y multitudinarias en apoyo de la legalidad representada por ella; con factores diseminados en todos los rincones del mapa que aborrecen al régimen pero que, pese al rechazo, no saben caminar la nueva ruta o no se atreven a hacerlo. Ardua faena, estimados diputados, pero no hay otra. Tal como están las cosas, la AN no puede limitarse a la formalidad de un discurso condenatorio.