Para detener a sus adversarios más importantes y preocupantes, la dictadura ha tomado el camino de las inhabilitaciones. Por ejemplo, cuando crecía la popularidad de Henrique Capriles, buscó la manera de sacarlo de la carrera por los cargos públicos a través de caminos aparentemente legales. Hizo lo mismo con la diputada María Corina Machado, cada vez más incómoda para la piel de los mandones. Ahora repite la maniobra con el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó. Veamos el asunto desde la lupa de la actualidad.
En los casos anteriores al de hoy, la Asamblea Nacional no contaba con el respaldo que ahora tiene, que ha colocado la presencia y la popularidad de su líder a escalas incomparables. Las inhabilitaciones de Capriles y Machado provocaron repulsas, sin generar movimientos de opinión capaces de alarmar a los urdidores de la maniobra. Buscar la anulación de la actividad política de Guaidó por rutas aparentemente apegadas a las regulaciones vigentes es otra cosa, no solo porque el agredido encarna un poder susceptible de levantarse con éxito contra sus perseguidores, sino también por la escandalosa precariedad de quien la quiere convertir en realidad.
Guaidó no solo representa con plena legitimidad su autoridad como cabeza de la representación popular, como heraldo de la soberanía del pueblo, sino también el impulso de una sociedad harta de los desmanes del régimen y opuesta a los designios del usurpador. La pretendida anulación de sus posibilidades de ejercer funciones públicas choca con la formidable muralla de la jefatura concedida por los diputados congregados a su alrededor y con la fortaleza del afecto que ha producido en las grandes masas de la población. Una fuente legal sobre cuya validez no caben las dudas y el manadero de la aprobación de las multitudes convierten las pretensiones de la dictadura contra las actividades del dirigente en una desesperada farsa.
A estos hechos incontrovertibles se agrega el factor de la carencia de fundamentos legales que tiene el autor de la tal inhabilitación, es decir, el contralor general de la República. ¿De dónde salen la autoridad y la validez de las decisiones que toma o puede tomar el burócrata contra el presidente interino? El llamado contralor general de la República fue designado por una asamblea nacional constituyente que nació del capricho del dictador y fue electa a través de unos sufragios llevados a cabo en medio de trucos y subterfugios que impidieron una cabal representación de la ciudadanía y provocaron fundadas sospechas sobre unos resultados que permitieron la presencia exclusiva de representantes del PSUV en la tal constituyente.
El poder del contralor viene de la nada, por consiguiente, o, si no se quiere ser tan enfático, de los trucos a través de los cuales pretende el usurpador gobernar sin contrapesos. Pero, aun en el supuesto negado de que alguien, preferiblemente un leguleyo tarifado, pueda conceder un gramo de legalidad y de decoro cívico al denominado contralor general de la República, está el hecho de que, según las normas vigentes y de acuerdo con los procedimientos establecidos para la regulación de la conducta de los funcionarios y de los políticos en el ejercicio de sus actividades, no está entre las posibilidades del despacho de Contraloría una condena como la de inhabilitación. No existe la alternativa de que el contralor cobre, pague y se dé el vuelto en un caso que involucra el destino de un hombre público. No puede ser un juez actuando a sus anchas. Solo pudiera abrir y encaminar un procedimiento de investigación si estuviera dotado de autoridad para hacerlo, si tuviese los atributos de los cuales carece por el origen de su cargo y por la parcialidad que se le ve de anteojito.
De allí que no valga la pena detenerse en las razones que el sobrevenido e improvisado juez maneja para la inhabilitación de Guaidó. No son razones, ni nada digno de consideración, debido a que carecen del canal a través del cual puedan transmitirse, respetarse y cumplirse. Solo importa pensar en cómo, partiendo de maromas como esta, ejecutadas desde un trampolín de piscina seca, el usurpador multiplica situaciones de crispación que pueden conducir a un abismo.